El reporte de la PF informa que funcionarios de GACM y sindicatos deliberadamente no contrataron trenes para el transporte de tezontle y basalto. Dichas materias fueron trasladadas en camiones lo que triplicó el costo de su valor y retrasó tiempos de entrega. «podría tipificarse como delincuencia organizada», detalla el documento.
Redacción AN / JF/enero 7, 2019 9:57 pm/Por: Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro. La Policía Federal realizó al menos tres informes confidenciales que concluyen que altos funcionarios de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) participaron en “actividades detectadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto”, incluyendo a Raúl González Apaolaza, Manuel Ángel Núñez Soto y Carlos Noriega Romero.
Los documentos en poder de Aristegui Noticias coinciden en que se estableció un mecanismo ilegal para controlar miles de acarreos de materiales de carga, mediante sindicatos en los que colaboraron personajes cercanos a Raúl González Apaolaza, como Máximo Reyes Vilchis.
Este mecanismo fue expuesto en el reportaje Sindicato manipulado desde GACM controló negocio multimillonario de aeropuerto en Texcoco, publicado por este medio el 8 de diciembre de 2018.
Renato Sales, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo a este medio que el “Informe confidencial” es auténtico.
Aristegui Noticias obtuvo el documento más amplio de una fuente de alto nivel relacionada con la investigación y los dos complementarios de una fuente vinculada con el GACM. Los oficios también fueron difundidos este lunes por José Luis Moya, quien se presenta como asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción.
El último reporte está dirigido a Federico Patiño, director de GACM, con fecha del 6 de noviembre de 2018 y está firmado por una oficial con grado de “Policía Segundo”. Este documento fue reseñado por El Universal en su edición de este lunes.
Otro documento está fechado el 18 de abril de 2018. En todos los casos, los documentos llevan sellos de la Secretaría de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad y Policía Federal.
En los documentos se involucra a otros servidores públicos, incluyendo al ex director del Infonavit, David Penchyna Grub, quien aparece como socio de Carlos Noriega Romero, ex Director Corporativo de Administración Inmobiliaria del GACM en la empresa denominada 3A Inmobiliaria SA de CV.
Los documentos indican que es el ministerio público el encargado de dirigir las investigaciones criminales. Las personas solo pueden ser declaradas de un delito mediante sentencia judicial.
LOS DOCUMENTOS
Personal de la Policía Federal realizó visitas y entrevistas a operadores del transporte que participaron en la obra, a personal de sindicatos y dueños de minas.
Concluye que la compra de 8 millones de metros cúbicos de minerales no se dio en las mejores “condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento”. En informe indica que “En todo el polígono de la obra es basta la evidencia de tezontle que no cumple con la norma, pesos y dimensiones”.
Indica que el “conflicto de interés entre el director corporativo Lado Tierra de GACM, Raúl González Apaolaza con Máximo Reyes Vilchis”, quien dirigía el sindicato que obtuvo el contrato colectivo de trabajo.
González Apaolaza y Máximo Reyes Vilchis laboraron juntos en la Secretaría de Educación de Hidalgo (2001-2006), en la firma cabildera Open Lobbying Firm (2011) y en la plana directiva de un sindicato (2013), según la investigación de Aristegui Noticias.
Los sindicatos y servidores públicos involucrados convinieron el pago de los minerales sin la intervención del Órgano Interno de Control, organismos jurídicos o administrativos de Grupo Aeroportuario.
Además de este arreglo entre particulares, se indica que GACM no contrató la operación del tren de carga para realizar los traslados de material, lo que “ hubiese reducido considerablemente el costo del transporte…”, dice el documento.
En cuanto al daño al erario, se establece que “prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle, por transportarlo de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos”.
El informe cita otro reportaje de Aristegui Noticias: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encareció 89% el precio de la barda perimetral.
La Policía Federal indica que los contratos entregados a Sedena por alrededor de 11 mil millones de pesos no garantizan el correcto seguimiento de los gastos, toda vez que GACM no tiene archivados los comprobantes de gasto.
Esta conducta fue verificada por Aristegui Noticias en marzo de 2018, cuando informó que Sedena y Grupo Aeroportuario declararon inexistentes las facturas y contratos que amparan los gastos de la barda perimetral.
