– Los abusos y excesos en los usos y costumbres van desde linchamientos hasta encarcelamientos, despojos de tierras y hasta destierros. – En la otra cara de la moneda, propician el manejo sustentable del medio ambiente, transparencia, honestidad y labor comunitaria ante el Covid-19.
Por Óscar Rodríguez | 18 agosto, 2020|Marca|Oaxaca, Oax.- Los usos y costumbres son un sinónimo de las peores injusticias y violaciones a los derechos humanos ya que, derivado de su práctica, se han registrado desde linchamientos, encarcelamientos, despojos de tierras, hasta destierros por profesar una religión distinta a la católica.
Oaxaca es el único estado en el país que tiene 418 municipios que se rigen bajo el sistema de normas comunitarias o usos y costumbres.
Tan solo en los últimos tres años la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene documentados 412 encarcelamientos, 107 despojos de tierras, 106 casos de abuso de autoridad, además de 47 destierros.
Los casos por encarcelamiento se han registrado en los municipios de: Santiago Atitlán, donde 24 familias fueron desterradas por profesar una religión distinta a la católica; en San Andrés Yaa, municipio perteneciente a la región de la Sierra, donde la asamblea comunitaria acordó que el pastor Imeldo Amaya Gabriel debía abandonar la comunidad, “al demostrar poca disposición de integrarse y cumplir los acuerdos y servicios que se toman en forma comunitaria”.
Asimismo, en San José Quianitas, perteneciente al municipio de Santa María Quiegolani, donde dos familias enteras fueron expulsadas de la comunidad por declararse testigos de Jehová. Previamente les fueron suspendidos los servicios básicos como el agua para obligarlos a dejar sus hogares.
En Santiago Xanica un hombre fue torturado y encarcelado por ser sorprendido robando un domicilio. En San Antonio Huitepec, una mujer, sus hijos y su padre, un adulto mayor, fueron encarcelados y despojados de un terreno por no cumplir con el tequio comunitario. En San Juan Mazatlán, una mujer y su hijo de 8 años fueron encarcelados y multados por evitar que el padre del menor fuera detenida por no cumplir con sus obligaciones comunitarias. También en San Miguel Suchixtepec, una mujer y tres menores de edad fueron privados de su libertad por determinaciones de su asamblea que los declaró ‘no gratos’ por negarse a pagar el diezmo para la celebración de la fiesta patronal.
En San Andrés Zochiquilaza, 12 personas fueron despojadas de sus tierras por una disputa de bienes. En San Sebastián Río Dulce, un burro fue encerrado sin agua y comida, como parte de una multa a sus propietarios por cortar leña en un lugar indebido.
En San Agustín de las Juntas fueron encerrados y torturados tres sujetos por beber cervezas en la vía pública.
Asimismo, en la comunidad de Camelia Roja, Tuxtepec, dos sujetos que violentaron un filtro y reten sanitario para evitar la propagación del virus del Covid-19, fueron detenidos y amarrados.
Según la queja, los implicados trataban de cruzar por el cerco con su vehículo en estado de ebriedad y para forzar su avance insultaron y agredieron a los ciudadanos que resguardan el sitio
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez, precisó que por casos de detenciones arbitrarias en Oaxaca se tienen documentadas más de 280 recomendaciones, “de las mil 400 quejas en contra de autoridades municipales, una quinta parte tienen que ver con abusos de autoridad”, señaló.
