La gestión del Conacyt preocupa a investigadores y académicos, quienes piden que sus exigencias se escuchen para modificar la forma en la que se les evalúa y la falta de recursos. Para el académico Jean-François Parrot un pendiente urgente del consejo liderado por María Elena Álvarez-Buylla es mejorar las malas condiciones laborales de los científicos, algo que, según plantea, podría iniciar cambiando la forma en la que opera el Sistema Nacional de Investigadores, al que describe como “uno de los vectores de la corrupción en el Conacyt”.
Por Montserrat Antúnez Estrada|Ciudad de México, 20 de octubre 12:05 am(SinEmbargo).– La forma en la que opera el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es nociva y no favorece a la ciencia mexicana, denuncian grupos de científicos que también han señalado la imposición de criterios para ingresar y permanecer en este Sistema.
A todo ello se suma la corrupción que perciben y donde, dicen, el mayor ejemplo ha sido la conformación fuera del reglamento de una Comisión Especial que permitió en abril pasado el ingreso al SNI con el Nivel 3 del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a pesar de que cinco comisiones dictaminadoras en años anteriores habían opinado en contra porque no cumplía con los requisitos.
Jean-François Parrot, investigador titular del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien en 2020 formó parte de una de las comisiones encargadas de aprobar y rechazar el trabajo de los científicos, quien ha visto de cerca las desigualdades con las que son evaluados, habló con SinEmbargo para dar cuenta de estas irregularidades.
El SNI, creado en 1984 durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, agrupa a personas investigadoras de toda las disciplinas científicas y les otorga incentivos económicos según el grado que obtengan, pero, de acuerdo con François Parrot, los requisitos son principalmente de carácter burocrático, como cumplir con cierta cantidad de publicaciones, lo que impide a sus integrantes concentrarse en los resultados de sus estudios, a ello se suma que trabajan con bajos salarios.
Estas irregularidades fueron expuestas por François Parrot, quien desde 2006 ingresó al SNI y desde 2003 trabaja en la UNAM, en una carta enviada en marzo de este año a funcionarios como María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, y a Mario Andrés De Leo Winkler, entonces director de Vocaciones Científicas y SNI, así como al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo mes, De Leo Winkler respondió que trabajarían en “ponderar acciones para futuras modificaciones en el SNI”.
Para ejemplificar las condiciones desiguales en las que se evalúa a la comunidad científica en el SNI, François Parrot recuerda que desde la Comisión Revisora del Área 1 en la que participó el año pasado, donde se analizan las solicitudes de reconsideración, se encontraron casos como el de una investigadora de Sonora que estudia y defiende a las tortugas con sus propios recursos y sus resultados debían compararse con los de especialistas que trabajaban en laboratorios con tecnología avanzada.
“Las estructuras que denuncio, de hecho, sólo favorecen a un pequeño clan que podría muy bien ser útil en un contexto completamente diferente”, se lee en la carta enviada por el académico y de la que este diario digital tiene una copia.
Datos del Conacyt muestran que hasta el primer trimestre de 2021,el SNI contaba con 13 mil 433 mujeres y 21 mil 745 hombres. En ese mismo periodo se entregaron 3 mil 710 apoyos a ayudantes de investigadores nacionales de nivel 3 o Eméritos.
Para 2021 se tiene destinado un presupuesto de 5 mil 554.7 millones de pesos para el Sistema Nacional, es decir, 554.7 millones más que en el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Quienes integran el SNI deben comprobar que son remunerados por alguna institución del sector privado o social y los incentivos económicos que reciben dependen de si son seleccionados como candidatos a Investigador Nacional, Investigador Nacional con niveles 1, 2 y 3, o Investigadores Eméritos.
El académico explicó además que para mantener los beneficios deben producir artículos, principalmente en inglés, y tener cada vez a más estudiantes, algo que tampoco les garantiza que podrán jubilarse con un buen salario.
“Los investigadores tienen un salario de base bien bajito, si les va bien puede ser de 10 mil pesos, por eso buscan incentivos en el SNI con los que pueden ganar hasta 80 mil, pero cuando van a tomar su jubilación se va a calcular sobre su sueldo real, es decir, de 10 mil pesos. Los investigadores no dejan sus plazas a los jóvenes porque cuando tomen su jubilación van a perder el 80 por ciento de su sueldo”, expuso.
El académico, cuyo análisis sobre la construcción del Aeropuerto de Texcoco fue tomado por el Gobierno de López Obrador como uno de los documentos base para frenar la construcción, criticó la presión que enfrentan los investigadores mexicanos para pertenecer a proyectos o escribir artículos para que se garantice su pertenencia o acceso al SNI.
“Las y los investigadores se la pasan tratando de encontrar dinero para seguir trabajando, por lo que buscan subsidios, entrar en proyectos e invierten un tiempo fantástico que se puede consagrar a la investigación. Lo peor de todo es que esto empuja a muchas personas a obtener estos recursos de cualquier manera, aprovechándose de redes de clientelismo, sobre todo tienen una actitud de arribismo o de oportunismo para tratar de obtener ese dinero. Yo pienso que todo el SNI es perverso porque empuja a toda la gente a obtener dinero porque no tienen. El que se les trate como niños que necesitan incentivos para trabajar no favorece para nada a la ciencia”, mencionó.
Este problema ha sido evidenciado por investigadoras como Aída Hernández Pérez, doctora en educación, quien en un artículo publicado en abril de 2019 en la revista Sociológica expuso la presión con la que trabaja la comunidad científica del SNI:
“La tensión que se presenta en la decisión entre la individualización y el trabajo grupal, aunada a la burocratización de las tareas de investigación (llenar formularios e informes) y a las condiciones en las que producen los investigadores, permiten afirmar que es urgente y necesario repensar la situación actual de la producción científica y su sistema de evaluación”, planteó en el artículo “El Sistema Nacional de Investigadores. Tensiones, desafíos y oportunidades para los académicos”.
Una denuncia similar hizo François Parrot en su carta: “El hecho de ofrecer incentivos para compensar los bajos salarios de los investigadores promueve sobre todo el arribismo y el oportunismo. No entiendo por qué existe la idea errónea de que la falta de seguridad laboral es un motivo principal para obtener resultados y estimular la investigación”. Y agregó: “El SNI como la Santa Iglesia Romana tiene un papa que se llama Sistema. Esto conduce a tomar posiciones absurdas, a favorecer el oportunismo, el arribismo y el amiguismo, como nos dimos cuenta durante estas sesiones de evaluación”.
Olivia Gall, investigadora de tiempo completo titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e investigadora Nivel 3 del SNI, se pronunció en el mismo sentido al reconocer que entre la comunidad científica que integra el Sistema hay confusión porque aún no se discuten en el Congreso federal reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, pero pese a ello el Conacyt ya puso en práctica un nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, lo que despertó el temor de que las evaluaciones de la comunidad sean cada vez más discrecionales.
A ello se suma que desde junio investigadores denunciaron la opacidad con la que el Conacyt realizó la consulta para llenar las vacantes en las comisiones dictaminadoras para elegir a aspirantes del SNI, pues la plataforma de votación que se activó con ese fin incluía a personas fallecidas o jubiladas.
“Hay mucha confusión porque ya no sabemos bien qué es lo que realmente nos regula, por eso nos parece que es absolutamente fundamental que se dé un debate muy amplio, muy plural, muy consciente, muy bien informado, por los congresistas, por los científicos y la sociedad, que quede claro cuál es el contenido en esta nueva Ley. Las y los investigadores están muy preocupados, para muchos está afectando su actividad, su tranquilidad mental y emocional porque no saben muy bien qué es lo que los va a acabar regulando”, mencionó en entrevista.
La académica forma parte de la Red ProCiencia MX, conformada en 2019 por decenas de investigadores, profesores de educación superior de distintas disciplinas e instituciones de educación superior e investigación científica, así como de universidades autónomas, privadas y centros públicos de investigación, y reconoce que la comunidad científica enfrenta ahora una serie de preocupaciones que no tenían en sexenios anteriores.
“En este régimen había una gran esperanza de parte de muchos científicos, de tecnólogos, profesores de educación superior había una enorme esperanza de que íbamos a tener mejores condiciones, tanto presupuestales, y de inversión. Y bueno, pues la verdad es que no ha sido así, ahora hay muchas cosas en las que creemos que estamos retrocediendo y es extremadamente preocupante. El discurso gubernamental asegura que hay mucho mayor financiamiento, pero en la realidad eso no está pasando para nada”, señaló.
Otro sector que ha hecho pública su preocupación es el de los investigadores nacionales de universidades privadas, pues en mayo pasado el Conacyt anunció que retirará el estímulo económico que como miembros activos del SNI recibían casi mil 600 de ellos adscritos a instituciones privadas, algo que fue frenado por un juez federal, quien sentenció que la medida tomada vulnera los derechos de los investigadores, pero aún no hay un pronunciamiento del Conacyt que garantice que la medida no se aplicará.
A ello se suma que desde 2020 estudiantes de posgrado han denunciado el recorte de las becas que recibían del Conacyt y en junio de 2021 al menos 300 estudiantes doctorales expusieron que se quedaron sin recursos en el extranjero al no recibir respuesta a sus solicitudes de prórroga.
Además, denunció Olivia Gall, el gremio ha sido estigmatizado con expresiones de la Consejera Álvarez-Buylla, quien se ha referido a la actividad científica que se realiza en México como “neoliberal”, por ello, la investigadora y la Red Prociencia MX exigen que el Conacyt escuche al sector de investigadores y académicos del país antes de que una nueva Ley de Ciencia y Tecnología se apruebe.
“Hay un ambiente en el discurso público que está permeando a la sociedad y apunta a que quienes han ascendido en esa escala [en el SNI] algo perverso han de tener, algo corrupto, algo neoliberal o chueco han de haber hecho para llegar ahí y no es así. Ese ambiente es muy intranquilizante para las y los investigadores”, planteó la académica de la UNAM.
