Tras la reciente resolución de la Suprema Corte, queda la pista libre para continuar con el proceso electoral del 1 de junio
Daniel Flores y Carlos Montesinos| Reporte Indigo |17 de Feb, 2025. La controversial elección de miembros del Poder Judicial llega a su etapa definitoria una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el conflicto entre autoridades, lo que parece dejar la pista libre para que continúe el proceso rumbo a los comicios del 1 de junio, aunque no concluye las polémicas por la reforma en general.
Luego de meses de litigios e impugnaciones en distintas instancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado jueves, por mayoría de siete votos, que el juicio de amparo no es aplicable a la materia electoral. Por lo que ordenó a los jueces revisar sus sentencias en ese sentido y, en su caso, cambiar las suspensiones.
Si bien esto fue celebrado por el Tribunal Electoral como una victoria, la Suprema Corte también determinó que esta instancia, si bien la máxima en materia electoral por mandato constitucional, no puede revocar amparos emitidos por otras autoridades judiciales. Anulando los fallos con los que se dio seguimiento al proceso durante las suspensiones.
Por el momento, esto parece zanjar el choque institucional entre el Tribunal Electoral y el resto del Poder Judicial sobre quién podía emitir tales o cuáles fallos respecto a este proceso. Mismo que, como se argumentó en la discusión de la Suprema Corte, emana de una reforma constitucional que tiene componentes electorales, pero también de otras áreas.
Esto en vísperas de que arranque la siguiente etapa del proceso electoral. A partir de este viernes 22 de febrero, quienes contendrán por un cargo en el Poder Judicial podrán subir sus videos de presentación a la plataforma oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Un preámbulo al inicio de 60 días de campaña a partir del 30 de marzo.
Ordenando el caos del conflicto
Para analizar la resolución y sus repercusiones, Reporte Índigo entrevistó a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien comenta que con esto se pone orden tras las actuaciones incorrectas tanto de jueces como del Tribunal Electoral.
“A los jueces de amparo, aunque no revoca como tal las suspensiones, sí les dice ‘tienen que revisarlas de oficio y tienen que ver que hay aspectos de la reforma que son materia electoral donde no procede el amparo’. En esa medida creo que ayuda a ordenar también todo el caos que se había venido generando”, dice.
Aunque contempla que los jueces acaten la instrucción y revisen las suspensiones, señala que “todavía eso va a tardar mucho”. Pues todavía se debe definir a partir de cuándo corre el plazo de 24 horas para que esto ocurra, partiendo de que aún se debe presentar la versión final de la resolución y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
La resolución de la Suprema Corte, contrasta, “también es una crítica durísima y, al mismo tiempo, bien merecida al Tribunal Electoral que no sólo se metió a una cancha que no le correspondía, la del amparo, donde no puede revisar ni suspensiones, ni sentencias, ni ninguna resolución que se dicte en amparo”.
De esta forma, los fallos del Tribunal Electoral que hayan salido de su materia de competencia quedan sin validez jurídica pues “tú, árbitro, cuando te metes a una cancha de un deporte que no es el tuyo, opinas como opina cualquier persona, como podemos opinar tú y yo”, recalca el académico de la UNAM.
El Poder Judicial es un tómbola
Aunque las facultades de cada autoridad judicial quedan refrendadas con esta decisión y la elección judicial sigue su curso, también abre nuevas cuestiones que deberán atenderse. La más importante la que tiene que ver con la selección de candidatos por parte del mismo Poder Judicial, desarrollado en polémica.
A inicios del 2025, el Comité de Evaluación que seleccionaría al listado del Poder Judicial dejó de operar, argumentando la suspensión otorgada por un juez y que ahora deberá ser revisada. Ante esto, el Tribunal Electoral permitió al Senado de la República completar la selección mediante tómbola, una decisión anulada como una mera opinión.
Esta polémica fue señalada por el Observatorio Electoral Judicial como el desarrollo de una crisis constitucional. Argumentando que este fue el único de los tres comités de evaluación que emitió reglas claras para la selección de candidatos y, al suspender sus labores, fue sustituido por el método de insaculación, lo que abonaba a la incertidumbre de la elección.
En tanto que Javier Martín Reyes apunta a la misma reforma judicial y a su mal diseño jurídico como el origen de esta clase de problemáticas que se acrecientan al no haber mecanismos claros de solución. Esto pese a que “era esperable que se presentaran una gran cantidad de impugnaciones, era evidente que iba a pasar”.
Sobre lo que se puede esperar con los seleccionados mediante la tómbola del Senado permitida por el Tribunal Electoral, contempla como escenario más viable “no haya candidaturas del Judicial. Es decir, el Poder Judicial no remitió las listas en el tiempo señalado. Las listas que se remitieron al INE no son del Judicial, son en realidad del Legislativo”.
Transición tensa y los juicios pendientes
Con una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en proceso de renovación y bajo la mira del Gobierno federal en los últimos meses, los 10 ministros que la integran se preparan para dejar sus cargos este año en medio de una disputa interna.
Y es que en el máximo tribunal del país se han formado dos bloques: el oficialista integrado por Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes se han pronunciado abiertamente afines a la administración federal y que han defendido a toda costa la reforma judicial.
Por otro lado, están los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes han votado en contra de todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno federal.
Además de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que ha mostrado fuertes señalamientos en contra de la reforma constitucional del Ejecutivo federal y que también puso su renuncia sobre la mesa en agosto próximo.
Carlos Soto, magistrado y profesor de la Escuela de Formación Judicial, afirmó que el hecho de que se lleve a cabo una elección judicial no implica que la labor de la SCJN se vaya a desvirtuar.
Por el contrario, señaló que, como máximo garante de la Constitución, la SCJN debe continuar resolviendo acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo.
“La siguiente gran resolución de la Corte será en relación con los juicios de amparo promovidos tanto por ciudadanos como por jueces y magistrados en contra de la reforma judicial”, explicó Soto.
Sobre la actuación de los ministros que se han opuesto a la reforma judicial desde hace meses, así como del bloque de ministras afines al Gobierno federal, el magistrado señaló que han exacerbado las posturas de cada impartidor de justicia.
Incluso señaló que las ministras consideradas parte del bloque oficialista están en campaña para continuar en la Corte, mientras que los demás se preparan para dejar su puesto en el máximo tribunal del país.
“Es una aberración jurídica el actuar de las ministras que buscan la preferencia del electorado más radical del régimen en turno, pero ya lo veíamos venir. En cuanto a la transición, no debería haber ningún contratiempo, ya que las leyes actuales son claras sobre el proceso de entrega y recepción en los próximos meses”, expresó Carlos Soto.
Falta de transparencia amenazan elecciones
En este conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proceso de selección de candidatos a jueces y magistrados ha sido constantemente señalado por su falta de transparencia.
Esta semana, el Observatorio Electoral Judicial (OEJ) y diversas oenegés revelaron un informe que advierte múltiples riesgos en las elecciones judiciales que se desarrollarán a nivel nacional.
De acuerdo con el documento publicado, se detectaron diversos problemas como la falta de certeza jurídica, la ausencia de transparencia y los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de organizar el proceso electoral.
Los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) afectarían las elecciones judiciales. Foto: Especial
A esto se suma la reducción de recursos para esta elección extraordinaria y la disminución de centros de votación, lo que ha limitado la capacidad operativa del instituto encargado de organizarla.
“Resulta inédito organizar una elección de tal magnitud, tanto por el número de cargos judiciales a elegir como por la cantidad de candidaturas previstas y la inversión pública que implica, además de no contar con un marco legal previamente establecido”, señala el informe.
La falta de leyes secundarias
A estas irregularidades se agrega la incertidumbre generada por la falta de legislación operativa en el actual proceso electoral.
De acuerdo con la organización civil, a pesar de que la reforma judicial estableció que el Congreso debía emitir la legislación secundaria en un plazo de 90 días y que el Senado convocaría a los poderes para conformar los Comités de Evaluación, estos pasos han sido insuficientes.
“La falta de claridad en las normas ha llevado a que el INE asuma la regulación del proceso, pero la legislación aprobada apenas sienta algunas bases sin abordar aspectos clave como las reglas de campaña, la instalación de casillas y el conteo de votos”, sostuvo.
Por ello, expresó su preocupación por el papel central que ha asumido el Senado en esta primera etapa, no solo convocando a los Comités de Evaluación sino también adoptando una postura en la definición de candidaturas.
