– Padres de bebé de Tultitlán deberán ser juzgados conforme la ley: organizaciones. – El abandono de un bebé en el Edomex, producto de un aborto fallido a las 36 semanas de gestación, abre el debate en torno a la educación sexual, la interrupción del embarazo en el tercer trimestre y los derechos de los infantes.
por Elizabeth González-Manrique |Reporte Indigo |25 de Febrero de 2025 00:50 hs. El abandono de un neonato en calles de Tultitlán por parte de su padre adolescente, Lucio “N”, desató un intenso debate en torno al aborto más allá de las 12 semanas de gestación, que es el límite establecido por legislaciones locales en estados donde la interrupción del embarazo es legal.
Mientras colectivas feministas se han pronunciado a favor de educación sexual de calidad en las escuelas, aborto seguro en el último trimestre del embarazo e incluso calificaron al hijo de Lucio y Diana Jaciel “N” como un “desecho o residuo biológico” debido a que no contaba con las 37 semanas de gestación al momento del alumbramiento, otras voces acusan un intento de homicidio o infanticidio.
De acuerdo con las conversaciones entre los padres del menor de edad, quien tras ser dado de alta del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), en el que era atendido tras su hallazgo, volvió a este centro de salud, el nacimiento del bebé sucedió después de la inducción de un aborto.
Aunque grupos de mujeres han calificado al producto como un residuo biológico, al no cumplir con las 37 semanas de gestación al momento de la interrupción, la Fiscalía del Estado de México vinculó a la pareja a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.
En un pronunciamiento, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), llamó a mirar este asunto más allá de una mirada adultocéntrica, tomando en cuenta la edad de los jóvenes involucrados, especialmente la de Lucio que hasta hace poco era menor de edad, a la vez que se vea por el menor de edad involucrado.
“Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México expresamos nuestra preocupación ante el caso del bebé abandonado en Tultitlán, un hecho que ha generado conmoción y diversas reacciones en la sociedad. Entendemos el dolor y la indignación que este suceso puede causar. Exhortamos a las autoridades para que velen y garanticen los derechos del niño.
“No obstante, hacemos un llamado urgente a abordar este caso con una perspectiva de derecho, evitando miradas adultocéntricas que sólo fomentan la criminalización de los jóvenes involucrados, entre ellos un joven que hasta hace unos meses tenía 17 años de edad”, menciona esta organización que vela por los derechos de las infancias.
En su misiva, Redim resalta las omisiones del estado en este caso, que llevaron a que los dos jóvenes se encuentren en la cárcel y el bebé con un futuro incierto, el cual será dirimido por las autoridades en los días consiguientes.
Entre las fallas del Estado para que se produzca esta situación, la organización resalta la falta de educación sexual oportuna, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las barreras a la interrupción del embarazo.
“Es fundamental reconocer que estos dos jóvenes, uno casi adolescente, tomaron una decisión extrema en un contexto de múltiples ausencias, que nos obligan a analizar las consecuencias de una educación sexual integral deficiente, así como la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y las barreras que todavía existen para la interrupción legal del embarazo”, mencionan.
Respecto a las ausencias a las que se refiere Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y exdirector de Redim, menciona la importancia de que el Estado provea a niños y adolescentes de educación sexual oportuna, a la vez que reflexiona en la situación de Lucio y Diana Jaciel.
“Estos dos jóvenes carecen de educación sexual integral, lo que los llevó a tener un hijo no deseado. Sería recomendable que todas las personas en el mundo nazcamos deseadas, por todo lo que eso puede implicar cuando esto no sucede, pues hay una afectación no solamente en el proceso de maternidad y paternidad, sino para nuestra vida futura, que en este caso es muy evidente.
“Por otro lado, tenemos al Estado mexicano que, en su conjunto, no tiene mecanismos de acompañamiento del embarazo temprano, para detectar precisamente estos y otros temas que permitirían, en el caso de la Ciudad de México y otras entidades federativas, que puedan recurrir a la interrupción legal del embarazo sin riesgo para la madre y para el producto. Recordemos que en el Estado de México, hasta hace muy poco, la interrupción del embarazo estaba penalizada, aún cuando la Suprema Corte la había despenalizado hace bastante tiempo”, explicó.
Por otra parte, Redim llamó a reflexionar en torno a este caso donde todos los involucrados podrían ser víctimas de la falta de políticas públicas al respecto.
“Este caso es también una oportunidad para reflexionar sobre cuántas veces el Estado y las instituciones fallan a los jóvenes y adolescentes antes de que lleguen a tomar una decisión tan extrema como sucedió con este bebé. No basta con indignarse, es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en contextos de vulnerabilidad”, afirmaron.
Revictimización y prejuicios
En su posicionamiento, Redim afirmó que el Sistema de Justicia tiene la responsabilidad de investigar los hechos sin incurrir en prejuicios, ni en el castigo desproporcionado hacia las personas involucradas, debido al “linchamiento mediático” que se ha hecho de los jóvenes.
Por ello, la organización pide que: se les escuche de manera respetuosa y sin revictimizarlos, se analicen las condiciones estructurales que permitieron que esta situación ocurriera y que se generen respuestas desde una perspectiva de derechos humanos y derechos de la infancia.
Al respecto, Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes Infancia, menciona que toda la dinámica de revictimización que se ha producido, debido a las filtraciones de información, es algo que no ayuda al caso y que sí alimenta el populismo punitivo y el “algoritmo del odio” en redes sociales, lo que deriva en que se esté buscando la información personal de las personas implicadas y se les castigue doblemente.
Por su parte, Redim pidió a los medios de comunicación y a la sociedad a no reproducir contenidos que revictimicen a los implicados, especialmente porque no solo resultarán afectados los padres del menor de edad implicado, sino que él mismo podría ser señalado debido a la huella digital que este suceso ha generado.
“Hacemos un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para que, al informar sobre el caso y compartir contenido, lo hagan con responsabilidad y sensibilidad. Es urgente evitar la reproducción de contenidos que puedan generar una huella digital negativa en la historia del bebé o su familia. La viralización de estos casos puede tener efectos irreversibles en la vida del niño, quien podría cargar con un estigma social que afecte su desarrollo y bienestar”, menciona la organización.
El pasado 20 de febrero, Lucio David “N” y Diana Jaciel “N”, padres del bebé abandonado en Tultitlán fueron señalados formalmente por las autoridades por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un recién nacido.
Sin embargo, al no haber una agresión directa y definitiva contra el menor de edad, el delito a perseguir podría ser uno completamente diferente.
De acuerdo con previsiones establecidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, abandonar a un menor de edad es un delito que se castiga con prisión, multas y trabajo comunitario. El tiempo de encarcelamiento por abandono va de 6 meses a dos años, las multas de 30 a 300 días de salario.
Cometer este tipo de crímenes puede llevar a los padres a perder la guarda y custodia de sus hijos, además de la patria potestad.
Se considera que hubo abandono cuando el menor es dejado sin la debida protección, cuidado y sustento por parte de sus
padres, tutores o cualquier adulto responsable de su salvaguarda.
No obstante, la ley también prevé la entrega voluntaria del niño al Estado, en caso de que la madre no desee mantener su patria potestad ni custodia.
“Aquí entra una posible coalición de derechos entre la mamá y el hijo. Una madre que no quiere conservar al bebé, debe llegar a término del embarazo y hay procedimientos para que ella pueda entregarle una adopción. Si la mamá o el papá hacen algo contra el bebé cuando nace, pueden ser objeto de sanciones, en este caso, el tipo penal que aplica es abandono de persona.
Llama la atención que la Fiscalía tipificara el delito como intento de homicidio en grado de tentativa, me parece que eso surge más del populismo punitivo y de responder a la presión en redes sociales, donde se maneja el discurso de todo el peso de la ley contra ellos, ya será trabajo del Poder Judicial reconfigurar el delito”, menciona Juan Martín Pérez.
El límite de los derechos
De acuerdo con la narrativa instalada en redes sociales, a través de las filtraciones de información como las supuestas capturas de pantalla de la conversación que Lucio y Diana mantuvieron tras el alumbramiento del neonato que posteriormente el joven abandonó en calles de Tultitlán, otras informaciones proporcionadas por la madre del padre del menor e investigaciones periodísticas, los jóvenes habían puesto en marcha, un día antes del nacimiento, un procedimiento para interrumpir el embarazo de la madre.
En entidades como la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, la interrupción solo puede ser posible, por deseo de la madre, hasta la semana 12 de gestación, más allá de ese lapso, solamente es posible acceder a este derecho si la madre fue víctima de abuso sexual o si el desarrollo del feto no será posible o representa un peligro para la vida de la gestante.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el aborto, además de ser un servicio de salud, “es un medio para ejercer la autonomía reproductiva; sin embargo, en la legislación, con excepción de los estados que ya lo han despenalizado parcialmente, se sigue considerando como un delito”.
“A esta criminalización legal se suma la criminalización social a causa del estigma enraizado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Al permear las instituciones del Estado y sus leyes, esta idea genera violaciones a los derechos humanos. Ahí recae la importancia de trabajar para que el aborto salga de los códigos penales y sea regulado en las leyes sanitarias, lo que garantizará el acceso para todas”, mencionan.
De acuerdo con grupos feministas, enfocados en la maternidad, como Mamá Feminista, parte de estos prejuicios provocan que las mujeres no puedan acceder a una interrupción en el segundo y tercer trimestre del embarazo, lo que deriva en episodios como el ocurrido a Diana Jaciel.
Por su parte, páginas como Criminología Feminista, sostienen que el menor de edad es producto de un aborto fallido y que los padres no supieron como manejarlo, después de que las pastillas abortivas que supuestamente ingirió Diana hicieran efecto un día después cuando se encontraba en su trabajo en una panadería.
“¿Qué ocurre con los fetos? En medicina se conoce como «desecho/residuo biológico», y es equiparable a cuando tienes un accidente o padecimiento y te amputan una parte del cuerpo. Con los fetos es que depende de la decisión de la mujer y persona con capacidad de gestar: bajo un consentimiento informado debes decidir si se va a residuos biológicos o prefieres hacer un funeral.
“Cuando es una gestación no deseada y por voluntad se decide interrumpir, después de las 12 semanas, aunque la visibilidad fetal fuera del útero ocurre después de la semana 24 y aún así existe inyección letal, no suele haber sentimiento de pérdida aunque sí de culpa por el estigma social. Pero es un procedimiento distinto. Les platico esto por lo que ocurrió en Tultitlán con el intento de abandono fetal. Es claro que fue producto de un aborto voluntario de tercer trimestre y, al no tener las condiciones para el tratamiento de residuos biológicos, tenemos que ingeniarnosla para ‘descartar’ al producto”, explican desde esta página.
No obstante, al haber nacido vivo, el episodio generó una reacción en los padres inesperada, lo que los pudo haber llevado a tomar la decisión de abandonar en la vía pública al bebé, quien es objeto de derechos al momento de haber nacido y sobrevivir.
“El debate es que estos dos jóvenes, el chico y la chica, sin educación sexual, sin la información apropiada optaron por una interrupción química, lo que sucede en el trabajo de ella, en una panadería. Entonces, partamos de este concepto porque ellos se están esperando un producto, resultado de un aborto, no están esperando un bebé. Esto lo vemos en los intercambios de mensajes, hay un momento en el que ella le dice al chico, ‘se mueve’, sin embargo, hay que tomar en cuenta la explicación neurológica de la edad.
“Son un joven de 18, recién cumplidos años, y ella una joven de 21, que además están en una etapa de estrés, un alto nivel de estrés, no como resultado concreto de la interrupción del embarazo, sino los meses previos. Entonces tenemos un cerebro estresado, tampoco es que las dos familias estén siendo un soporte, no los justifico, solo describo. Son cerebros jóvenes estresados por muchos meses, sin redes de apoyo familiar, sin información institucional que les hubiera permitido hacer la interrupción a las 12 semanas y eso en la Ciudad de México. Al final nadie se enfoca en que la mejor noticia es que el niño está vivo y que, en cuanto nace, tiene, por supuesto, derechos”, concluye Juan Martín Pérez.
