La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inicia sus trabajos con un archivo de multas pendientes por cobrar acumuladas desde 2001.
por Linaloe R. Flores|Foto: Reporte Indigo| Reporte Indigo.|04 de Marzo de 2025 03:00 hs. Gobiernos van y gobiernos vienen y la corrupción se mantiene como cáncer en las instituciones mexicanas. La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) –eje de la política de combate a este mal en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– inició sus funciones con un archivo de 2 mil 337 multas que no fueron cobradas en 24 años.
Acumuladas entre 2001 y 2024 en su Directorio de Proveedores de Contratistas Sancionados, la nueva dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez tiene en su registro 2 mil 193 millones 427 mil 680 pesos en sanciones a proveedores que cometieron actos de corrupción.
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia está obligada a imponer multas a las empresas infractoras y el Servicio de Administración Tributaria a realizar su cobro. Los recursos legales en añejos litigios les han permitido a cientos de empresas permanecer sin saldar las amonestaciones. Pero la lista crece año con año. Solo en 2024, cuando ocurrió el cambio de gobierno y la dependencia empezó a transformarse, se sumaron 30 sanciones a empresas físicas y morales.
Puestas en los datos abiertos del Gobierno federal, las razones por las que estas multas se impusieron son como un abanico de posibilidades de malas prácticas sin importar el periodo gubernamental. Por ejemplo, ahí está la multa para A y M Constructora S.A de C.V que data de 2006 por presentar información falsa respecto a encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, la impuesta a ZZO Construcciones de 2015 al no concluir los trabajos pactados o la que tiene desde 2010 XIV Corporativos de Seguridad Privada Empresarial por actuar con dolo al exhibir pólizas de seguro espurias.
El letargo alcanza a tragedias como la de la Guardería ABC donde el 5 de junio de 2009 un incendio mató a 49 niños y dejó a decenas de personas con lesiones graves. A la empresa, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se le impuso una multa por 1 millón 644 mil pesos el 28 de diciembre de ese mismo año. La razón: la guardería dejó de cumplir con las obligaciones contractuales. Hoy, la compañía ya no existe, pero la multa y los estragos de la tragedia perviven.
O a escándalos que marcaron la historia de México y el mundo en materia de corrupción como el de Odebrecht. La nueva SABG recibe en sus archivos la sanción por inhabilitación y cero pesos que tiene la Constructora Norberto Odebrecht en México.
La empresa, envuelta en una trama de sobornos a nivel mundial, en México está inhabilitada por otra razón: el incumplimiento de sus obligaciones contractuales con Pemex Refinación por 119 millones 747 mil 603 pesos. No se le impuso ninguna amonestación económica porque la acción ocurrió en 2014 cuando estaba vigente la Ley de Petróleos Mexicanos expedida en 2008 que ordenaba solo la inhabilitación para los proveedores con malas prácticas.
Las empresas con la multa mayor en el archivo de la dependencia –de 100 millones 243 mil pesos– y el máximo periodo de inhabilitación (siete años) son DAI Servicios S.A de C.V, Impromed S.A de C.V, Int-Per S.A de C.V, Proyectos en Procesos de Recursos Humanos S.A de C.V, Servad Promo Asistencial S.A de C.V y Servicios de Mínima Invasión S.A de C.V.
Ahora, las entidades públicas que tienen más expedientes en este archivo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 456, la otrora Secretaría de la Función Pública (hoy la de Anticorrupción) con 305 y la Comisión Federal de Electricidad con 158.
Por monto, se le debe más al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las multas de proveedores que incumplieron suman mil 304 millones 944 mil 435 pesos. En segundo sitio aparece el IMSS con 230 millones 607 mil 131 pesos.
El archivo de multas acumuladas no es lo único que recibe, en este su inicio, la nueva dependencia. También, se perfila para asumir las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que antes de abril debe desaparecer conforme a la reforma administrativa decretada el pasado 20 de diciembre.
on el voto de Morena y aliados, el Senado aprobó el pasado 27 de febrero las leyes secundarias por las que se transfieren a la secretaría las funciones del INAI. La nueva dependencia tiene, a partir de ahora, la responsabilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia que hasta ahora resguarda más de 15 mil millones de registros, lo que equivale a 40 veces el Archivo General de la Nación.
Transparencia para el Pueblo será el órgano administrativo, desconcentrado de la SABG, que estará a cargo de las competencias que tuvo el INAI. En el dictamen del conjunto de leyes quedó asentado que los esquemas de acceso a la información serán “más funcionales y eficaces, de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad republicana”. Antes de abril el nuevo entramado anticorrupción debe quedar por completo montado.
La nueva Secretaría Anticorrupción: sus compras iniciales
Hasta ahora, la nueva dependencia ha firmado siete contratos públicos que suman poco más de 14 millones de pesos y le aseguran hasta el último día de 2025 sus bienes patrimoniales, el arrendamiento de cómputo personal y el suministro en oficinas de agua purificada.
Entre el 2 y el 28 de febrero pasados, la dependencia tuvo dos contratos mediante los cuales adquirió alimentos para el comedor institucional por 384 mil pesos. Encargó pescado, frutas y verduras.
Así, la nueva estructura que evolucionó de contraloría en los noventa del siglo pasado a sancionadora de actos en contra de la función pública a principios de los 2000, empieza su lucha contra la corrupción. Será la impronta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de combate a la corrupción, un mal que en 2024 tuvo un impacto económico de 500 mil millones de pesos, según el cálculo del capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio.
La suma de sus contratos en 2025 apenas es el 2.5 por ciento de lo que erogó el año pasado, según una localización de contratos.
La contratación pública mayor firmada hasta ahora por la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez es por 11 millones 637 mil 931 pesos y estará abierta durante todo el año. Es para arrendar equipo de cómputo personal con Mainbit S.A de C.V por 11 millones 637 mil 913 pesos.
Esa contratación es la única, hasta ahora, que supera el millón de pesos. El segundo es para el aseguramiento de los bienes patrimoniales y es por 961 mil 83 pesos con Agroasemex S.A, una empresa del Estado mexicano.
Además de la SABG, otras dos dependencias federales se sumaron a la administración federal en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Consejo Nacional de Humanidades, Tecnología e Innovación (Conahcyt) se convertirá en Secretaría Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en un proceso que aún no concluye, y la Secretaría de las Mujeres que proviene de la evolución del Instituto Nacional de las Mujeres.
En CompraNet, hasta el cierre de esta edición, sólo aparecen contratos firmados por la SABG y el Conahcyt. No hay nada que muestre en qué ha gastado la nueva Secretaría de las Mujeres. La erogación del Consejo es mayor a la de la nueva dependencia anticorrupción. Lleva firmados 64 millones 641 mil 146 pesos.
Las multas sumadas por la Secretaría de la Función Pública
El año pasado, la otrora Secretaría de la Función Pública (convertida en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) sumó 30 multas por cobrar y sanciones de inhabilitación a su registro.
Las multas impuestas por actos de corrupción en contra del erario son por un monto de 16 millones 463 mil 479 pesos, de acuerdo con una extracción de datos del Directorio de Proveedores de Contratistas Sancionados.
Lo que deben en sanciones económicas los proveedores señalados de malas prácticas el año pasado es apenas el 8.6 por ciento de la cuantía del contrato que paga en estos momentos el Instituto Nacional de Migración para instalar albergues en la frontera norte dada la medida de deportación masiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esa contratación es de 189 millones 655 mil 172 pesos.
La mayor multa –por 1 millón 833 mil 85 pesos– la tiene Biosolutions Sustainable Energy por fallar en un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional. La compañía, además, fue inhabilitada por tres años.
El año pasado, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) fue el organismo cuyo órgano de control impuso las multas más altas.
En el segundo sitio por cuantía hay dos por 1 millón 607 mil 970 pesos. Una es la que tiene IQ Orgullo de Pertenencia S.A de C.V por actuar con dolo en una licitación con ese organismo.
La otra le corresponde a Lirem Inovatio S. de R.L de C.V a la que también el Sepomex, también llamado Correos de México, le adjudicó dolo en una contratación.
Y en el tercer lugar en el que hay una multa por 1 millón 447 mil 173 pesos está LMR Grup que también habría operado con dolo en contra de Sepomex.
Las tres compañías tuvieron una supuesta actuación en contra de uno de los organismos más antiguos de México –nació en 1580– y que está en el proceso de girar hacia un nuevo modelo de negocio con una plataforma digital de logística nacional e internacional. Es el centro laboral de los carteros, oficio que cada vez se ve menos en las calles de México.
El año pasado, la multa impuesta más pequeña fue la que recibió HGW Process and Solutions S.A de C.V por 2 mil pesos. Fue con la Defensa porque la empresa no firmó a tiempo un contrato.
