El órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión a nivel nacional enfrenta insuficiencia presupuestal lo que ha generado fricciones entre la base trabajadora que demanda certidumbre o, en su caso, una liquidación conforme a la ley.
por Daniel Flores y Linaloe R. Flores| Ilustración Minoz | Reporte Indigo |08 de Mayo de 2025 2:30 hs. En medio de versiones cruzadas y un silencio institucional, miles de trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) viven jornadas de desconcierto, pues la sombra de la extinción se cierne sobre el órgano regulador, dejando en el aire su futuro y el de quienes han sostenido su operación durante años.
Un organismo autónomo que fue sentenciado —junto a otros— a desaparecer en 2024, tras la aprobación de una reforma de simplificación orgánica ese mismo año, la cual, en términos generales, sentó las bases para que todos los entes dejaran de operar a la brevedad y otros fueran absorbidos por la administración federal.
Es así que el IFT seguirá la misma ruta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los cuales fueron extinguidos hace unas semanas y que enfrentaron problemas como la liquidación de miles de empleados.
Fuentes al interior del órgano regulador de las telecomunicaciones confirmaron a Reporte Indigo que cientos de empleados aún no saben cuál será el futuro de sus plazas laborales, ya que hasta el momento no han recibido ninguna notificación por parte de sus superiores.
“Solo estamos solicitando que se respeten nuestros derechos laborales, ya que hay incertidumbre y una gran mayoría no sabemos si seremos absorbidos por la ATDT (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones) y tampoco se habla de la indemnización; si bien los comisionados ya solicitaron presupuesto para este tema no se nos comenta nada claro, sostuvo un empleado del IFT que solicitó omitir su nombre.
A principios de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó a la Cámara de Diputados una bolsa presupuestal extraordinaria para cumplir con los compromisos que tenía por delante, como el pago de nómina y otros contratos, antes de su desaparición.
Y es que la mayoría de trabajadores de este organismo autónomo son especialistas en economía, derecho y varias ingenierías, además de otros rubros. Según lo expuesto por los comisionados del IFT, cuenta solo con recursos para pagar la nómina de la base trabajadora hasta la segunda quincena de julio de este 2025, lo que encendió las alarmas entre todos los trabajadores.
Otro de los trabajadores afirmó que los directivos del IFT se han negado a entablar mesas de diálogo en los últimos meses, a pesar de las múltiples peticiones que han enviado este año con el fin de obtener certeza sobre su futuro.
“Se solicita que se respeten los derechos de las personas con discapacidad que labora en el IFT ya que pocas, por no decir nulas, son las oportunidades que se les da en el campo laboral”, precisó.
Paralizarán el Senado con protestas
Ante la falta de certeza sobre su futuro laboral y el silencio de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones en estos últimos meses, trabajadores de este organismo autónomo anunciaron una manifestación este 8 de mayo al exterior del Senado de la República.
De acuerdo con los inconformes, la protesta tiene como objetivo exigir condiciones justas de liquidación ante el proceso de extinción que enfrenta el instituto, impulsado por reformas del sexenio anterior.
“Exigimos a los comisionados que nos informen de manera clara cuál será el procedimiento que seguirán para liquidarnos conforme a derecho. No queremos una respuesta del tipo: ‘no hay dinero”, precisó un documento que circula en redes sociales como X.
Los trabajadores también rechazaron que los más de mil 715 millones de pesos que el IFT mantiene en un fideicomiso sean transferidos al Gobierno federal sin antes garantizar el pago de sus derechos laborales y las indemnizaciones correspondientes.
De acuerdo con el proyecto de ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviado al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, las funciones del IFT pasarán a la nueva Agencia Digital de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que estará encabezada por José Antonio Peña Merino.
Talento en riesgo
La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica y ahora del Instituto Federal de Telecomunicaciones podría significar la pérdida de una plantilla laboral con más de una década de experiencia especializada.
Tras la reforma al Artículo 28 constitucional, tanto la Cofece y el organismo regulador dejarán de existir lo que abrirá un boquete en competencia económica y supervisión para evitar prácticas desleales en estos sectores.
Así, con esta modificación, no sólo desaparecerán dos instituciones clave para la regulación económica y de telecomunicaciones en México, sino también el conocimiento técnico y profesional acumulado durante años por sus trabajadores.
Además, los comisionados que aún se encuentren en funciones concluirán su encargo en cuanto entren en vigor los cambios constitucionales, lo que representa un golpe directo al capital humano formado en temas de competencia y telecomunicaciones.
Reforma amenaza con censura
En medio de la desaparición de entes autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la administración federal propuso una iniciativa de reforma en telecomunicaciones la cual generó ruido en el Congreso de la Unión por parte de la oposición y otros sectores de la sociedad.
La presión fue tal ante presuntos intentos de censura y violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que revisaría la propuesta y detendría momentáneamente la discusión para realizar ajustes de fondo.
En resumen, la iniciativa del Ejecutivo federal planteó abrogar la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y sustituirla por una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Sin embargo, el artículo 12 del proyecto generó diversas interpretaciones, entre ellas, la preocupación de que pueda convertirse en una herramienta de control gubernamental sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales.
Incluso especialistas han advertido que varios apartados del proyecto podrían contravenir compromisos internacionales adquiridos por México en el marco del T-MEC, particularmente en materia de libre comercio digital y protección a la inversión extranjera.
Mientras algunos actores del sector celebraron la pausa como una señal de sensatez ante los riesgos legales y diplomáticos, otros consideran que la marcha atrás revela improvisación y falta de consenso técnico en el diseño de la nueva legislación.
Pese a esta pausa, el gobierno insiste en que el proyecto de ley no está cancelado y que se reactivará una vez que se incorporen modificaciones que garanticen claridad, eviten interpretaciones autoritarias y se alineen con las obligaciones internacionales del país.
Incluso en el discurso oficial, se mantiene la promesa de crear una legislación de vanguardia para aprovechar las oportunidades del nearshoring y las tecnologías emergentes.
El IFT hizo contrataciones públicas para los siguientes años
Aun cuando desde 2024 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estuvo considerado para desaparecer junto a otros seis órganos autónomos, no dejó de hacer planes a futuro. Por lo menos 35 contratos firmados ese año quedaron abiertos hasta 2026, 2027 y 2028. Incluso, hay decenas que concluirán entre junio y diciembre de este año.
La suma de esos contratos por cumplirse es de 874 millones 547 mil 873 pesos. Ahora, en vías de fusionarse con lo que fue la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para conformar un nuevo organismo regulador, el IFT debe transferir tanto sus funciones como las contrataciones públicas pendientes por vencer al Gobierno federal.
Mientras cientos de trabajadores viven incertidumbre sobre su destino, uno de los contratos pendientes que dejó el IFT es para un servicio de asistencia médica ambulatoria de primer contacto, asesoría psicológica y nutricional para “los colaboradores” del instituto. La empresa contratada para ello fue Sociedad de Médicos Profesionales Altes S.A de C.V por 10 millones 787 mil 620 pesos. El instituto lo firmó con vigencia hasta el 10 de enero de 2027.
También, para este año –cuando la ley que ordenaba su desaparición había sido promulgada– el IFT llamó a las empresas de recursos humanos Human S.A de C.V y CDG Leadership S.A de C.V. Con la primera tuvo servicios para generar en su ambiente laboral “un nuevo modelo de administración” hasta junio y con la segunda, sesiones de “coaching ejecutivo” que vencieron en abril pasado.
En la lista los tres contratos mayores son para la renovación de software, renovación de equipo de cómputo personal y licenciamientos de datos. Todo ello tiene fecha de caducidad hasta 2027. Las empresas con esas contrataciones son BFS Ingeniería Aplicada S.A de C.V, Expertos en Cómputo y Comunicaciones S.A de C.V y Silent4 Business S.A de C.V.
El plazo más extenso es hasta julio de 2028. Lo tiene un contrato con la Compañía Consultoría en Informática Administrativa S.A de C.V por 22 millones 167 mil 999 pesos para la instalación del servicio de un sistema GRP.
Pero además, el IFT gastó para el futuro en diseño editorial de informes, asesoría especializada para la revisión de asuntos contables, encuestas para estudiar hábitos de consumo de contenidos en radio, televisión, así como contenidos audiovisuales por medio de internet. También, adquisición de vestuario y equipo de protección de trabajo especializado para los trabajadores. De los últimos contratos que se ejercieron este año, uno fue de un curso en línea especializado en derecho antimonopolio.
