Los partidos políticos han operado con amplio margen de gasto. Pero la nueva reforma electoral busca reducir costos y mayor fiscalización.
Blanca Juárez |Ciudad de México 27 de febrero 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- De 2012 a 2026, el financiamiento a los partidos políticos ha crecido 80 por ciento. En ese periodo, tanto el PRI, el PAN y el PVEM como posteriormente Morena han podido gastar con márgenes de discrecionalidad. Por ello, de acuerdo con lo anunciado el miércoles, la Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone darles menos dinero y mejorar la fiscalización.
La iniciativa íntegra será conocida el próximo lunes. Pero según lo adelantado, se plantea una reducción de 25 por ciento al costo de eleciones, incluyendo el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, Organismos Públicos Locales (OPLEs) y tribunales electorales.
Desde hace varios meses, cuando la Presidenta conformó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ha insistido en que la reducción del dinero público a los partidos es una demanda de la ciudadanía.
En 2012, los partidos políticos recibieron más de 4 mil 292 millones de pesos, de acuerdo con información del INE. El financiamiento aprobado para 2026 fue de más de 7 mil 737 millones. Es decir, es casi el doble. Sin embargo, en años de elección federal los montos se disparan. Por ejemplo, en 2018 ascendieron a 6 mil 788 millones y en 2024 superaron los 10 mil 444 millones.
SinEmbargo ha documentado que el PVEM, PAN y el PRI han utilizado estos recursos públicos, por ejemplo, para contratar servicios a costos inflados. Bajo arquitecturas de desvío de dinero público, intentan evadir la fiscalización y benefician personajes de sus propios partidos o del sistema que les ha permitido conservar cierto poder.
O bien, han despilfarrado el erario que se les entrega por ser partidos políticos en campañas de afiliaciones fallidas, que consumen millones de pesos sin resultados. Como ha sido el caso del PAN.
Ante esta realidad, “desde luego es razonable un recorte tanto en los gastos de campaña como los gastos de operación ordinaria de los partidos políticos”, considera Héctor Manuel Villarreal Beltrán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Las dirigencias costosas
Durante muchos años, se ha planteado que el presupuesto anual de los partidos “debe ser revisado. No es nuevo esto y está en el ánimo de la opinión pública”, señaló Pablo Gómez, Presidente Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, durante la presentación de la propuesta.
Y al explicar los 10 ejes de la iniciativa, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el segundo de ellos “busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos”.
Héctor Villarreal, investigador de la UAM-X en Gestión Estatal y Sistema Político, apunta que el gasto de los partidos se va en “el sostenimiento de sus estructuras. Es decir, en los comités nacionales, estatales y municipales. Mantienen una burocracia de empleados y funcionarios. Además, el arrendamiento de inmuebles o la adquisición de edificios”.
Esa burocracia incluye altos salarios para las dirigencias. En el caso de Morena, PRI, PT, PVEM Movimiento Ciudadano esta información no está disponible en sus páginas electrónicas, aunque deberían hacerlo por ley. En el caso del PAN, el monto mensual de remuneración total que recibe Jorge Romero Herrera, el presidente nacional de ese partido, es de 187 mil 500 pesos.
En el caso del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, preside ese instituto político desde 2019. Lleva siete años teniendo un salario de alto funcionario además de lo que ha percibido como legislador. Actualmente es senador plurinominal.
Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), ha cobrado como presidente al menos desde 1994. Dante Delgado estuvo en la misma circunstancia primero en Convergencia y luego, ya como Movimiento Ciudano, desde 1999 hasta 2024, cuando dejó la dirigencia por cuestiones de salud. Durante décadas, estos hombres se han enriquecido mediante una economía que les permite el sistema partidista.
Así operan los desvíos
“El tercer eje de la reforma considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas”, dijo la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, el miércoles 25 de febrero.
SinEmbargo ha documentado los modelos de desvío de recursos públicos de partidos políticos. Recientemente, el periodista Arturo Daen dio a conocer que el PAN gastó 43 millones de pesos tan sólo en el último trimestre de 2025.
Ese periodo coincidió con el “relanzamiento” del partido para recuperar las afiliaciones que ha ido perdiendo. Una supuesta nueva etapa que incluye modificaciones de su logo, con las letras más inclinadas a la derecha. Así como el lema “Familia, Patria y Libertad”, el ucl ha sido utilizado por movimientos fascistas.
A decir del blanquiazul, llegó a tener un millón 414 mil 435 militantes. En octubre de 2025, cuando arrancó su estrategia, bajó a 318 mil 799. El partido gastó dinero público en un gran evento en el Frontón México, en pancartas y mantas para una marcha posterior y en anuncios en Facebook e Instragram, donde sólo aparece el dirigente, Jorge Romero.
Aún así, al 25 de febrero de 2026, cuatro meses después del “relanzamiento”, el partido reporta 323 mil 728 afliaciones. Es decir, son 4 mil 929 nuevas adhesiones. Cada una ha costado en promedio casi 9 mil pesos.
En el caso del PRI, la periodista Daniela Barragán ha investigado ampliamente los esquemas de desvío de dinero público. Por ejemplo, como lo reportó en 2023, el tricolor pagó cerca de 40 millones de pesos en diversas asesorías que beneficaron a personajes como el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, a través de Integralia Consultores. También contrató a exmilitantes y empresas cercanas a la dirigencia del partido.
Ugalde fue quien avaló el fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador de 2006 y por el cual Felipe Calderón llegó a la Presidencia. En ese sexenio, tal como pasó en el primer Gobierno panista con Vicente Fox, el PRI se vio beneficiado mediante acuerdos políticos, reparto de cuotas de poder y una relación de conveniencia con el Ejecutivo.
Por otro lado, las mentorías pagadas con recursos públicos no tenían una utilidad clara. Algunos de los rubros reportados fueron: comunicación institucional o temas educativos.
En 2024, Daniela Barragán también informó que en los últimos años el PRI pagó 3.3 millones de pesos por la edición e impresión de libros, cuya existencia física de varios de ellos no pudo ser demostrada por el partido. Algunos de los tomos abordan la alianza “Va por México”, o se trata de textos políticos del propio dirigente, “Alito” Moreno.
Un caso grave fue el desvió de al menos 32 millones de pesos destinados a la capacitación política de mujeres mediante un esquema de simulación de cursos en línea. De acuerdo con una investigación de Daniela Barragán, los recursos se canalizaron a un proveedor que, en lugar de impartir los talleres, regresaba parte del dinero al partido.
Cuando la entonces dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Montserrat Arcos, se negó a seguir ese esquema fraudulento fue víctima de intimidación por parte de “Alito”, la cual llegó a la violencia sexual. El 11 de enero de 2024, un grupo de hombres y mujeres entraron de manera violenta a las oficinas del ONMPRI y obligaron a Montserrat Arcos a quedarse en ropa interior para revisarla y supuestamente cerciosarse que no escondiera documentos.
En este mismo entramado de contratación de capacitaciones en línea con costos elevados, el PVEM también recurrió al mismo proveedor: el Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, al que destinó 83 millones de pesos. Y en 2024, utilizó 687 millones de pesos para comprar 16 millones de mochilas contaminantes con la imagen del tucán.
La opacidad en Morena
En cuanto a Morena, en 2025 y para dar inicio a su campaña de afiliación masiva desplegó al menos 100 vehículos con la leyenda “Somos Millones. Súmate a Morena”, como lo documentó la periodista Montserrat Antúnez. Las unidades también portaban una caricatura de Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la propuesta para reducir el financiamiento público a los partidos y que ahora es retomada por Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, los registros del partido no permiten precisar el origen y gasto para esos vehículos. En su inventario de 2025 reportó ocho unidades adquiridas entre 2020 y 2024, mientras que en otros documentos reconoce un parque vehicular de al menos 26 unidades. A esto se suma la falta de claridad sobre posibles arrendamientos: sólo se reportó la renta de cuatro vehículos ese año, por 602 mil pesos.
Héctor Manuel Villarreal Beltrán, investigador de la UAM Xochimilco, considera que “habría que fortalecer la contraloría ciudadana para verificar en qué se están gastando las partidas que se manifiestan, por ejemplo, en formación cívica y cultura democrática, capacitación y educación”.
Sería necesario también “obligar a los partidos políticos a comunicar de manera sencilla y eficaz, en sus propias páginas web y no solamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”, la información sobre su gasto, contratos y remuneraciones. Los datos tendrían que estar al alcance de la ciudadanía, apunta.
Para el investigador en Gestión Estatal y Sistema Político, un punto clave en la fiscalización de los partidos políticos debe ser el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No sólo por su función de supervisión, sino por su relación con la ciudadanía porque “está distante, lejana. Pese a que hace un trabajo muy profesional, es muy técnico” y no se comunica bien. Y mientras la gente tenga más información y herramientas para obtenerla, podrá exigir mayor transparencia, señala.
