Cuatro Congresos estatales concentran más recursos que programas para mujeres, víctimas y bienestar. Con el tope propuesto en el “Plan B”, tendrían que recortar millones de pesos.
Alejandra Padilla y Arturo Daen |Ciudad de México, 23 de marzo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- Los congresos de Baja California, Morelos, Michoacán y Ciudad de México son los más costosos por legislador durante 2026. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los datos durante su conferencia matutina del 12 de marzo, al hablar sobre el “Plan B” de la Reforma Electoral, que contempla reducir estos montos.
Una revisión de los presupuestos de egresos de estas legislaturas locales, hecha por la Unidad de Datos de SinEmbargo, revela que sus presupuestos superan a áreas clave como inclusión, bienestar y la atención de la violencia contra las mujeres. Además, los trabajadores de las legislaturas estatales gozan de bonos, incentivos y compensaciones por los cuales son erogadas decenas de millones de pesos cada año.
La propuesta de la Presidenta contempla generar un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos al establecer que el presupuesto anual de los congresos “no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”. De ser aprobada esta medida, el presupuesto del Congreso de Michoacán, y Baja California tendrían que disminuir sus presupuestos en 37.5 por ciento y 26 por ciento respectivamente. Ambos Congresos estatales superan el límite que entraría en vigor en caso de que el “Plan B” sea aprobado.
En Morelos, el Congreso duplica el tope propuesto: ejerce 128 por ciento más de los recursos a los que tendría derecho en la propuesta de la Presidenta Sheinbaum. De ser aprobada la iniciativa, esta entidad tendría que disminuir en 56.2 por ciento el presupuesto de su Congreso.
En el caso de la Ciudad de México, su presupuesto actual está en el rango que sería permitido de aprobarse el “Plan B”. Para 2026, el Gobierno capitalino tiene un presupuesto de 313 mil 385 millones 406 mil pesos, y el del Congreso local es de mil 886 millones 307 mil 510 pesos, lo que equivale al 0.60 por ciento.
Congreso de BC gasta hasta en bonos por “buena disposición”
Para 2026, el Congreso de Baja California cuenta con un presupuesto de 871 millones 687 mil pesos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ubicó a esta entidad como la que tiene el costo más alto por legislador en el país, de 34 millones 867 mil pesos anuales por cada diputado y diputada.
Lo anterior, considerando el presupuesto del Congreso de Baja California en relación a sus 25 legisladores locales. Aunque los 871 millones se destinan tanto a sus diputados y diputadas como a su trabajadores administrativos y a gastos de operación de sus instalaciones.
La Reforma de la Presidenta Sheinbaum establece que ninguna entidad rebase en su gasto el 0.70 por ciento del presupuesto anual de cada estado. No se establece que en específico se reduzca la dieta o privilegios que puedan tener legisladores locales. Cada entidad tendría que adecuar los distintos gastos de su Congreso, para no rebasar el tope mencionado. Lo que podría incluir tanto la dieta de los diputados como el gasto administrativo.
En 2026, Baja California aprobó un presupuesto de 92 mil 118 millones de pesos. Si se aplicara el tope de la iniciativa, el Congreso de ese estado no debía rebasar el monto de 644 millones 830 mil pesos. Un 26 por ciento menos. La medida representaría un ahorro de 226 millones.
Los 871 millones para el Congreso de Baja California en 2026 superaron el presupuesto que se dio este año en ese estado en su conjunto a cinco secretarías: las de Manejo y Protección del Agua, la Secretaría de Mujeres, Turismo, Inclusión Social y Medio Ambiente.
El presupuesto del Congreso estatal duplica al de la Secretaría de Cultura de Baja California, que es de 426 millones. Y es ocho veces más alto que el de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, de 89 millones 917 mil.
Una diputada o diputado de Baja California tiene una remuneración mensual neta de 64 mil 535 pesos. Esto equivale a un gasto de un millón 613 mil pesos al mes en pagar la dieta de los 25 legisladores. En un año, 19 millones 360 mil pesos.
Según la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, los diputados y diputadas de Baja California sólo tienen derecho a su dieta, y no a bonos ni apoyos extraordinarios. Se buscó la declaración patrimonial de los legisladores, y al descargar el archivo se lee que esa información “no puede hacerse pública”, porque el propio Congreso aún no define “la forma o manera de hacer pública las declaraciones patrimoniales”.
Al revisar el presupuesto aprobado y publicado en el Periódico Oficial de Baja California, se observa la asignación de 501 millones para “servicios personales”, lo que incluye pagar la dieta de los legisladores y “retribuciones”, pero también millones de pesos para distintos bonos, compensaciones e incluso el gasto de reuniones de trabajo, que entonces se destinarían principalmente a personal administrativo.
Los montos más altos son los de compensaciones, con un gasto en 2026 de casi 114 millones de pesos; 60 millones de pesos para reuniones de trabajo; 47 millones de pesos para pagar gratificaciones de fin de año; 25 millones para dieta de los legisladores y retribuciones, y 15 millones para “bono de transporte”.
Además destaca la asignación de cinco millones 497 mil pesos para pagar incentivos a la “eficiencia”; 4 millones 446 pesos para el pago de primas de antigüedad; 3 millones 399 pesos para el pago de seguros de vida, e incluso 3 millones 332 mil pesos para el pago de un “bono por buena disposición”.
El Censo Nacional de Poderes Legislativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó en 2023 que el Congreso de Baja California era el quinto estado con más personal de apoyo para los legisladores, con 241. Con esto, ubicó que en 2022 el Congreso de Baja California fue el séptimo con mayor gasto de presupuesto, con 683.5 millones de pesos.
El Plan B de la Presidenta Sheinbaum también establece un tope de 15 regidores. Ensenada tiene 13; Tijuana 15; el municipio de Tecate 10; Playas de Rosarito 10; en el caso del municipio de San Quintín, no se ubicó la página de gobierno con información. El municipio de San Felipe, también en Baja California, contabiliza 10 regidores.
En 2026, el municipio de Ensenada asignó 50 millones de pesos de presupuesto para los salarios y la operación de sus 13 regidores.
Congreso de Morelos reduciría 56 por ciento su presupuesto con tope del plan B
El Congreso de Morelos es el segundo con mayor gasto por legislador, según el conteo difundido por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, destinando 31 millones 865 por cada diputada y diputado.
De nuevo, recordando que ese cálculo es en proporción a sus 20 legisladores locales, aunque los 637 millones de presupuesto con que cuenta el Congreso de Morelos en 2026 también son para su personal administrativo y los gastos de operación, pensiones y mantenimiento de instalaciones.
Si se aplicara el tope que propone la Presidenta Sheinbaum, de que el Presupuesto del Congreso local no rebase el 0.70 por ciento del total del presupuesto total del estado, el Congreso de Morelos tendría recursos por un máximo de 278 millones 993 mil pesos. Esto es 56 por ciento menos respecto a los 637 millones que le asignaron este año.
Como en el caso de Baja California, el gasto en el Congreso morelense supera por mucho al de distintas secretarías. Incluso supera los recursos asignados a la función Transporte en todo el estado, que es de 409 millones de pesos.
El presupuesto de 637 millones para el Congreso de Morelos duplica al asignado para Protección Ambiental, de 306 millones. Es cuatro veces más alto que el de la Secretaría de Mujeres, de 123 millones de pesos, y 436 por ciento más alto que el de la Secretaría de Cultura estatal, de 118 millones de pesos.
Con los 637 millones del Congreso de Morelos, se podrían pagar 11 años del presupuesto de la Universidad Politécnica de Morelos (UPEMOR).
Una diputada o diputado de Morelos tiene una dieta o salario mensual de 63 mil pesos netos. Para los 20 legisladores, son 1 millón 260 mil pesos al mes. Al año 15 millones 120 mil pesos de gasto del presupuesto público para cubrir sus sueldos.
No se ubicó en el Periódico Oficial de Morelos el desglose sobre el gasto del Congreso de Morelos, para ubicar si sus legisladores tienen asignados bonos, seguros médicos de gastos mayores u otros beneficios.
El Censo Nacional de Poderes Legislativos del Inegi ubicó en 2022 a Morelos a media tabla entre los estados con mayor gasto en su Congreso estatal, en ese entonces con 398 millones de pesos, superando incluso a Nuevo León, que registró un presupuesto ejercido de 390 millones.
El Congreso de Michoacán recibe casi 15 veces el presupuesto destinado a Mujeres
En Michoacán, el Congreso local contará en 2026 con un presupuesto de mil 209 millones de pesos, un monto que no solo rebasa el tope propuesto en el “Plan B” (el máximo sería 755 millones de pesos), sino que también supera ampliamente a dependencias clave del gobierno estatal.
Por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres tiene asignados apenas 82 millones 900 mil pesos, lo que significa que el Congreso recibe casi 15 veces más recursos. La diferencia también es significativa frente a otras áreas: el Legislativo tiene 3.5 veces más presupuesto que Cultura (296 millones 900 mil) y es 15 veces mayor que el destinado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (80 millones 600 mil).
El contraste se amplía al revisar otras dependencias. El Congreso tiene 8.5 veces más recursos que Medio Ambiente (141 millones 500 mil pesos), casi cinco veces más que Turismo (244 millones 200 mil pesos) y más de 24 veces el presupuesto de la Secretaría del Migrante (49 millones 800 mil pesos). Es decir, concentra más recursos que instancias encargadas de atender derechos, desarrollo social y atención a poblaciones vulnerables
A pesar del tamaño del gasto, la transparencia sobre el uso de estos recursos es limitada. La información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que, en varios casos, los registros del Congreso no han sido actualizados desde 2024, tanto en percepciones como en declaraciones patrimoniales. Hasta ese entonces, el congreso de Michoacán reportaba percepciones adicionales por “riesgo de trabajo” por 21 mil pesos brutos quincenales.
Además, una revisión de las declaraciones revela omisiones relevantes. Por ejemplo, en la declaración de conclusión del diputado Fidel Calderón Torreblanca, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), múltiples campos aparecen como “Dato Privado”, incluyendo información como ingresos detallados y bienes. Incluso cuando se reportan ingresos, estos no siempre son desglosados: el legislador consigna un ingreso anual total de un millón 450 mil pesos, pero sin claridad sobre su composición.
En otros casos, las inconsistencias son más evidentes. La diputada priista Adriana Hernández Íñiguez reporta ingresos sin montos específicos en distintos rubros, mientras que en apartados clave como propiedades, inversiones o adeudos, la información aparece incompleta o testada . Aunque menciona la existencia de bienes (como una casa adquirida a crédito), no reporta su valor, lo que impide conocer la evolución real del patrimonio.
A esto se suma que, en algunos registros, se declaran cero bienes, vehículos o inversiones, o bien se mantiene la misma información de años anteriores sin cambios, lo que limita la posibilidad de verificar si hubo enriquecimiento, adquisición de activos o variaciones patrimoniales durante el cargo.
En CDMX, el Congreso tiene 40 veces más dinero que la Comisión de Búsqueda de Personas
En 2026, el presupuesto del Congreso de la Ciudad de México es de mil 886 millones de pesos. Al comparar la proporción por legislador, este se ubica en cuarto lugar a nivel nacional. El presupuesto del congreso capitalino sería el equivalente a 28 millones 580 mil 416 pesos por diputada o diputado, aunque como en el resto de los casos, estos recursos también son destinados al personal administrativo, gastos de operación, pensiones y mantenimiento de instalaciones.
El presupuesto del Congreso capitalino es superior al de algunas dependencias y áreas clave de la política social del gobierno de la Ciudad. La revisión hecha por la Unidad de Datos de SinEmbargo muestra que programas enfocados en Derechos Humanos, Cultura y derechos de la población operan con montos menores a los de la legislatura local.
Por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas tiene 47 millones 500 mil pesos como presupuesto para este año. Es decir, el Congreso de la ciudad tiene casi 40 veces más recursos. Dicho de otra manera, el presupuesto de la Comisión equivale a tan solo el 2.52 por ciento del monto con el que el Congreso cuenta este año.
En materia de seguridad y justicia, la operación del C5 (encargado de la videovigilancia y atención de emergencias) cuenta con mil 833 millones de pesos, es decir, menos que el Congreso. Lo mismo ocurre con la defensoría pública y los servicios jurídicos, que opera con 565 millones de pesos.
La Secretaría de las Mujeres tiene un presupuesto de 329 millones 800 mil pesos para 2026. El Congreso local recibe casi seis veces más recursos que esa dependencia encargada de las políticas de atención, prevención y acompañamiento en temas de género. A la par, la capital del país se posicionó en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a número total de feminicidios durante enero de este año y en octavo lugar en cuanto a tasa de este delito, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el caso de la Secretaría de Cultura, su presupuesto para este año es de mil 345.5 millones de pesos, un 40 por ciento menos que el Congreso local.
En cuanto a programas sociales, Mercomuna cuenta con mil 451 millones de pesos y Comedores para el Bienestar, opera con 708 millones de pesos. Además, el programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género, tiene un presupuesto de apenas 84 millones 800 mil pesos. Es decir, el Congreso capitalino tiene más de 22 veces los recursos destinados a apoyar a mujeres que enfrentan violencia: mientras el Legislativo concentra casi mil 900 millones de pesos, uno de los programas más sensibles en materia de género opera con menos del cinco por ciento de ese monto.
