La detención de reporteros, al amparo de la «Ley Serrano», despertó la alarma en el gremio periodístico, que alertó sobre el intento de censurar la libertad de expresión en SLP.
Nora Gaspar Reséndiz | Foto: Pexels| Ciudad de México, 30 de mayo 2026 – 1:38 pm (SinEmbargo).- La entrada en vigor de la llamada “Ley Serrano” en San Luis Potosí, puso en alerta al gremio periodístico, el cual ha denunciado que bajo esta reforma nueva al Código Penal de ese estado se está intentado censurar y reprimir la libertad de expresión, específicamente a la prensa crítica del Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, a quien acusan de persecución política.
En noviembre de 2025, con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el Congreso de San Luis Potosí aprobó el decreto conocido como “Ley Serrano”, a través del cual se tipificó “el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social” como delito. Sin embargo, tras la detención de dos reporteras, el gremio periodístico denunció que éstos hechos están relacionados con la reforma, la cual está siendo utilizada para censurar y reprimir a la prensa crítica.
En la reforma al Código Penal, impulsada por Héctor Serrano Cortés, Diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se argumentó que el propósito de la misma sería regular el uso de esta herramienta digital para sancionar la creación y difusión de imágenes, audios y videos en los que se imiten la apariencia, los gestos y la voz de personas reales sin que éstas hayan otorgado su consentimiento.
Retrato fotográfico del Diputado potosino Héctor Serrano Cortés. Foto: Congreso de San Luis Potosí
Por ello, se establecieron sanciones que, según lo señalado en el Código Penal de San Luis Potosí, van de uno a seis años de cárcel, para quienes incurran en este tipo de prácticas. Por ejemplo, quien use la IA para simular la apariencia, la voz o la identidad de una persona real sin que ésta otorgue su consentimiento se impondrá una pena de entre uno y tres años de prisión y, además, se le impondrá una multa de entre 100 y 300 UMA.
Para quienes fabriquen simulaciones de una autoridad o de una institución pública con la finalidad de generar y difundir contenido falso con el cual se altere la confianza pública., se impondrán sanciones que van de los tres a los seis años de prisión, así como una multa económica de entre 300 a 600 UMA. En estos casos las penas pueden aumentar en 50 por ciento si el delito se comete durante los procesos electorales, durante eventos de Seguridad Pública y si provocan alteraciones al orden público.
También se contemplan penas de entre dos y seis años de prisión, así como multas de entre 200 y 400 UMA para quienes fabriquen, modifiquen y difundan de manera dolosa contenidos falsos y los presenten como reales con el propósito de provocar alarma o alterar la paz social. Asimismo, las penas en este caso podrán incrementar 50 por ciento cuando se difundan por medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.
El legislador justificó su propuesta señalando que su intención fue la de proteger a la vida privada de la ciudadanía potosina, así como la paz social, de los riesgos que implica el uso de la IA. En este sentido, negó que con esta reforma se coarte la libertad de expresión, a la que consideró, en entrevista para El Sol de San Luis, como “una de las libertades más sublimes que pueden existir”.
“Lo que buscamos a través de esta iniciativa es tipificar el que difunda información de forma falsa, que genere condiciones totalmente irreales, porque hay quienes lo hacen de una manera tratando de generar crisis en la propia sociedad, como ocurrió con un video alterado que hicieron viral con argumentos que no son reales para generar en la población incertidumbre o terror”, añadió Serrano Cortés
Sin embargo, la reciente detención de tres ciudadanos, dos mujeres y un hombre, vinculados a portales periodísticos, bajo la «Ley Serrano», despertó la alarma en este gremio. El pasado 21 de mayo, la Fiscalía de San Luis Potosí detuvo a Eréndira Reyes, directora de una página en Facebook llamada «San Wicho Times», se detalló que fue aprehendida en su domicilio mientras se encontraba con sus nietos.
Más tarde, su hija, Alejandra Hermosillo, quien se desempeña como funcionaria en el área de comunicación social de San Luis Potosí capital, también fue detenida en el mismo domicilio cuando arribó tras ser notificada sobre lo sucedido. Ese mismo día, se llevó a cabo la aprehensión de Christian Herrera, creador de contenido en la página en Facebook “Código Rojo”, de Ciudad Valles, informó la organización Artículo19.
A través de un comunicado se explicó que Herrera fue detenido de forma violenta, de acuerdo con testimonios de sus familiares. El comunicador, según información proporcionada por una fuente anónima, fue detenido bajo la acusación de robo a una farmacia; sin embargo, esto no ha podido corroborarse por parte de ninguna de las partes que denuncian el acto.
Publicación de la página de Facebook «San Wicho Times», cuya directora fue detenida por la FGE de San Luis Potosí. Foto: Captura de pantalla
«De no ser debidamente identificada la razón de su privación de su libertad y comunicación con una defensa adecuada, el caso podría ser catalogado como una detención arbitraria por fuerzas de seguridad estatales», apuntó la organización, la cual, junto con colectivos, periodistas, académicos y personas defensoras de derechos humanos, también alertó sobre la amenaza estructural que implican las reformas relacionadas con Inteligencia Artificial (IA) contra la libertad de expresión.
«Las detenciones de personas comunicadoras y creadoras de contenido, así como la emisión de órdenes de aprehensión contra periodistas, voces críticas y opositoras, constituyen una grave señal de deterioro democrático y representan un riesgo directo para la libertad de expresión», señalaron en un pronunciamiento firmado por organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Reporteros Sin Fronteras, Fundar, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas.
Las agrupaciones expresaron “profunda preocupación por el uso expansivo y arbitrario del derecho penal en San Luis Potosí”. Además, Artículo19 destacó que las detenciones y órdenes judiciales derivan de recientes reformas relacionadas con inteligencia artificial, manipulación de imagen e identidad digital, cuyo contenido, advirtieron, podría utilizarse para «perseguir expresiones críticas y materiales de interés público».
«La vigencia misma del tipo penal hoy utilizado genera una amenaza estructural contra la libertad de expresión. Su redacción ambigua, amplia e imprecisa incumple con los principios de estricta legalidad y taxatividad que deben regir toda norma penal en un Estado democrático», sostuvo.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades potosinas liberar de inmediato a las periodistas Eréndira Reyes y a su hija Alejandra Hermosillo, así como retirar todos los cargos penales que enfrentan por el presunto uso ilegal de Inteligencia Artificial (IA). En un comunicado, el CPJ sostuvo que el encarcelamiento de las periodistas por acusaciones relacionadas con el supuesto uso indebido de IA constituye una señal preocupante para la libertad de prensa en México.
“Encarcelar periodistas bajo cargos vagos de ‘uso ilegal de inteligencia artificial’ representa una clara escalada del ya pronunciado aumento de casos de acoso judicial contra periodistas en México, el cual sigue siendo el país más peligroso para el periodismo en el hemisferio occidental», afirmó Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
La detención de Reyes y su hija fueron dados a conocer por la Fiscalía General del estado (FGE) de San Luis Potosí, que informó haber cumplido con las primeras aprehensiones por la aplicación del nuevo artículo 187 Ter del Código Penal del estado, relacionado con la manipulación delictiva de la identidad de las personas a través de la inteligencia artificial, reforma que es conocida como «Ley Serrano», por su impulsor, el Diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés.
A través de un comunicado de prensa, la FGE dio cuenta de la aprehensión de dos mujeres, quienes fueron imputadas por la posible responsabilidad en la manipulación ilícita de imagen e identidad digital. La orden fue librada por un Juez de Control de la Primera Región del Estado, detalló.
Comunicado de Anahi Torres
El comunicado explica que las imputadas «presuntamente utilizaron de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito, para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad».
Aunque la FGE no cita específicamente el artículo del Código Penal que configura este delito, la descripción coincide con las características descritas en el artículo 187 Ter, inscrito en capítulo V del Código sobre delitos contra la identidad de las personas, que considera un ilícito el «uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial… sin consentimiento previo, expreso, específico e informado de la persona a la que corresponda la imagen, la voz o la identidad digital, utilice sistemas de inteligencia artificial o programas automatizados para crear, reproducir, modificar, manipular o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz, los gestos o la identidad de una persona real».
No obstante, además de estas tres detenciones, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión también señalaron que existen más órdenes de aprehensión en contra de, al menos, otras ocho personas, entre quienes se encuentra Anahí Torres González, quien se desempeña como periodista y titular de diversos medios de la entidad, por la presunta difusión de un video en redes sociales, generado con IA, en el que supuestos miembros de la delincuencia organizada señalan al Gobernador Gallardo de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
«En caso de confirmarse que la orden es por este video, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes. La retroactividad de la ley en México está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que a ‘ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna'», señalaron las organizaciones.
Comunicado de Anahi Torres
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Torres habló de la orden de aprehensión que existiría en su contra, así como del contexto represivo que existe en San Luis Potosí en contra de la prensa. “El día de ayer tuve conocimiento de actuaciones ministeriales donde aparece mencionado mi nombre dentro de investigaciones relacionadas con el delito denominado ‘contra la identidad de las personas, por uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial”, dijo.
“Lo verdaderamente grave no es únicamente la existencia de investigaciones. Lo alarmante es el contexto político e institucional en el que estas actuaciones se desarrollan. Actualmente en San Luis Potosí existe un ambiente de presión e intimidación contra voces críticas, periodistas y comunicadores independientes que han cuestionado públicamente decisiones del gobierno estatal”, añadió la comunicadora. “Ante actos de intimidación y detenciones contra voces críticas, he decidido alzar la voz. Lo que está ocurriendo en San Luis no puede normalizarse. Cuando ejercer periodismo comienza a sentirse como un riesgo penal, toda la democracia pierde”, destacó.
La situación también fue del conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la cual exhortó a evitar que el derecho penal sea utilizado como mecanismo de silenciamiento. “Toda restricción a la libertad de expresión debe cumplir el test tripartito de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, enfatizó y consideró que es necesario que se garantice el debido proceso en las investigaciones judiciales.
– Con Información de Pulso de SLP
