Durante varios años los funcionarios del Infonavit disfrutaron de viajes de lujo y despilfarro de recursos públicos.
Linaloe R. Flores|Reporte Indigo |11 de Feb, 2025. En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre 2012 y 2018, el dinero brotó sin freno y sin que la Auditoría Superior de la Federación u otro órgano de control realizara escrutinios.
Documentos y archivos de contratos públicos en el propio portal de transparencia del instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dan cuenta del pasado inmediato del organismo con la encomienda histórica desde 1972 de brindarle vivienda digna a los trabajadores mexicanos y que está a punto de ser sometido a una reforma si el Senado aprueba el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La burocracia realizó miles de viajes por los estados del país y el exterior con un gasto de decenas de millones de pesos. Además, las contrataciones públicas incluyeron automóviles, reuniones en hoteles SPA, banquetes, pago de shows por el Día del Padre, regalos por el Día Internacional de la Mujer, así como decenas de miles de paletas, paraguas, memorias de datos USB, llaveros, o pelotas y casitas de goma anti estrés con el nombre grabado del instituto.
Incluso, mientras se operaban los esquemas de corrupción, revelados por Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en dos “mañaneras” –la del 19 de diciembre de 2024 y la del 27 de enero de 2025– fueron erogados cientos de millones de pesos en blindaje de malas prácticas que pudieran beneficiar a los derechohabientes, según los documentos del propio instituto.
Cuando está por votarse una nueva Ley para el Infonavit que propone otorgarle la vigilancia de sus finanzas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 121 contratos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reflejan una época de abundancia para las erogaciones públicas. En ese periodo, en el que el organismo fue dirigido por Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y David Penchyna Grub (2015-2018) se gastaron más de mil 300 millones de pesos, una cifra similar a la del desfalco por corrupción detectado en el interior del instituto en una década.
La corrupción: otro gran gasto
Según indicó Romero Oropeza las pérdidas multimillonarias por actos de corrupción en una red tejida a través de los años se acumularon en el instituto. La venta de viviendas debajo de su precio real, los fraudes mediante juicios masivos a miles de familias en todo el país que al final fueron despojadas y hasta tráfico de influencias componen una de las tramas anómalas más grande que un gobierno haya reconocido en México.
Pero, según los archivos del Infonavit, incluso la corrupción se convirtió en un motivo para gastar. En 2017, el instituto firmó un contrato en servicios profesionales externos para evaluar el desempeño de los proveedores de servicio de recuperación de cartera por 76 millones 657 mil 440 pesos, según el contrato localizado en la PNT. Ocho años después, el impacto de esa compra se difumina: los créditos del instituto son 6.2 millones, de los cuales, 4 millones tienen condición de impagables, según información del Gobierno federal.
Otros dos contratos de 145 millones de pesos cada uno –uno signado en 2012 y el otro en 2013– fueron para “servicios especializados en el Centro de Contacto en la atención de solicitudes de los trabajadores, acreditados, patrones y público en general” en todo el país.
Y está también la erogación de 86 millones de pesos para la recolección e inventariado documental de expedientes físicos de la totalidad de créditos otorgados a nivel nacional por el instituto, además de los documentos de crédito administrados por el Infonavit con la participación de terceros.
La época del derroche
Fue la época en que se abrió un abanico de posibilidades de gasto. En 2015, la reunión anual de auditoría se efectuó en el Hotel SPA Hacienda de Cortés en Jiutepec, Morelos, por 548 mil 705 pesos. Dos años después fue organizado un foro internacional de la vivienda sustentable de cinco días en Boca del Río, Veracruz, con un gasto diario de 4 millones 483 mil 854 pesos.
También en 2015, se mandaron a hacer 5 mil ánforas, 100 mil imanes, 5 mil tazas, 10 mil paraguas, 10 mil llaveros, así como 50 mil pelotas y 5 mil casitas (de goma) antiestrés, y se pagó por ello más de 13 millones de pesos.
Un servicio de jardín y comida con show para 800 personas invitadas a celebrar el Día del Padre fue contratado en 2016 por 1 millón 113 mil 600 pesos.
Otra celebración fue por el Día Internacional de la Mujer. Se adquirieron mil 450 regalos para trabajadoras y jubiladas. Se erogó en ello 577 mil 767 pesos.
También se compraron camionetas pick up, vehículos y frigobares.
Además, estaban los viajes por todo el país y el extranjero que en ocasiones eran de decenas de miles de pesos por estancias de días. Por ejemplo, un coordinador 17 gastó en 2018, 48 mil 822 pesos por dos días de agosto en Washington. Enseguida, ese mismo funcionario se fue a Bogotá, Colombia, y erogó 79 mil 657 pesos en cuatro días. El siguiente mes se fue a Costa Rica donde gastó 42 mil 44 pesos en un periplo que duró dos días.
También en agosto de 2018, un gerente 14 fue a California, Estados Unidos, donde permaneció una semana con un gasto de 74 mil 808 pesos.
También quedó registrado el viaje que hizo un gerente senior 16 a Buenos Aires, Argentina, donde gastó 43 mil 522 pesos, y otro de un coordinador 17 a California con una erogación de 89 mil 690 pesos en ocho días.
Las incumplidas: su pasado
De 22 empresas constructoras señaladas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con incumplimiento de construcción de viviendas, por lo menos tres están involucradas en desalojos, denuncias y han sido sancionadas por incumplir otros contratos.
Este conjunto de constructoras recibió del instituto financiamiento para construir viviendas y ahora debe 502 millones 502 mil 700 pesos por dejar 713 casas inconclusas desde 2014.
Grupo Constructor Gori y Asociados que dejó de construir 69 casas y le debe 5 millones 684 mil 825 al instituto, fue sancionada en 2018 por la entonces Secretaría de la Función Pública con la mayor multa permitida hasta ese momento de 7 millones 825 mil pesos. Además, fue inhabilitada por seis meses.
La falla de la empresa ocurrió en una licitación de Petróleos Mexicanos para el desazolve de sistemas de drenajes aceitosos en la región sur. La anomalía de la constructora fue presentar información falsa.
Al menos 22 empresas constructoras fueron señaladas por el Infonavit de incumplir la construcción de viviendas. Foto: Especial
Por su parte, Promotora Uninajab S.A de C.V que dejó inconclusas 50 viviendas, por lo que tiene un saldo vencido de 6 millones 154 mil 523 pesos, está involucrada en el desalojo del Fraccionamiento Perlas del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocurrido el pasado 3 de enero. Algunas familias han iniciado un proceso legal en contra de la constructora por este caso porque fue la que vendió los lotes cuando se trata de un predio irregular.
Esas viviendas fueron adquiridas a través de créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), pero hasta el cierre de esta edición, habitantes afectados indicaron que no cuentan con escrituras, ni comprobantes de que las viviendas son suyas.
También con problemas en el pasado está Orma, Viguetas y Construcciones S.A de C.V que debe 55 millones 55 mil pesos porque dejó pendientes 55 viviendas. Esta empresa incumplió en la edificación de cuatro fraccionamientos para maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes, por más de 200 millones de pesos.
Algunos afectados denunciaron en una rueda de prensa que las viviendas se compraron por sugerencia de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que ejercieran sus créditos del FOVISSSTE.
A punto del gran cambio
La corrupción hilada durante la pasada década en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es el telón de fondo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la reforma a la Ley del Infonavit.
La propuesta es una enmienda secundaria a cambios constitucionales impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en materia de vivienda.
El instituto surgió en 1972 en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Se conformó por el sector laboral, el patronal y el gubernamental. Su encargo principal fue administrar los ahorros de los trabajadores en un sistema con capacidad para brindar crédito. Desde entonces, el organismo se rigió a sí mismo sin ninguna fiscalización externa.
Entre las principales modificaciones está que la Asamblea General del Infonavit pueda aprobar el Estatuto Orgánico, así como políticas en materia de crédito, arrendamiento social, administración inmobiliaria y enajenación de vivienda. Además, el instituto tendría la obligación de presentar informes anuales ante la Presidencia y el Congreso de la Unión sobre sus contratos y situación financiera.
A partir de esta reforma, el Infonavit podrá ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Antes, en efecto, no lo hizo ningún organismo ni interno ni externo.
Otra propuesta es la creación de una empresa para construir y rentar casas con visión social. Se regula el arrendamiento social y se amplían los beneficios de los derechohabientes.
En el dictamen se lee: “Resulta imperante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, además de que permitirá reactivar la economía y, a su vez, crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana”.
Este punto es el que más ha criticado el Partido Acción Nacional, tanto dentro de la Cámara como en manifestaciones. El partido blanquiazul ha sostenido en discursos en tribuna y en pancartas que la propuesta pretende acreditarse los ahorros de los trabajadores, lo que puede resultar en un saqueo de 2.4 billones de pesos.
La propuesta fue aprobada por el Senado el 14 de diciembre pasado y luego pasó a la Cámara de Diputados en donde será discutida este martes 10 de febrero.
