– De bajo perfil a protagonista en 2025: vestuario para el gobierno, nuevo epicentro de las sanciones anticorrupción. – Empresas que proveen uniformes, ropa médica y equipo táctico concentran la mayoría de las multas en 2025 del gobierno.
por Linaloe R. Flores| Reporte Indigo |05 de Agosto de 2025 2:49 hs. Además del sector farmacéutico, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la lupa puesta sobre el de los textiles. En lo que va de 2025 la dependencia en la que está depositada la política de combate a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha multado e inhabilitado a nueve empresas de vestuario, equipo táctico, uniformes, calzado y ropa médica.
Se trata de una proveeduría a la que recurren las entidades públicas para hacerse de prendas confeccionadas. Las empresas deben cumplir con requisitos de calidad y cumplimiento de normativas porque sus productos están destinados, sobre todo, a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Pero también a los trabajadores de las oficinas de gobierno.
En el pasado, las empresas vestuaristas no habían sido mencionadas como trampolines para desvío de dinero o grandes protagonistas de actos anómalos que dañaran al erario como las de transportación de alimentos que afectaron a Seguridad Alimentaria Mexicana o las farmacéuticas cuya colusión ocasionó la anulación de la megacompra consolidada de medicamentos para el suministro de 2025.
Sin embargo, la SABG –a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez– les ha impuesto multas que suman 10 millones 4 mil 725 pesos este año lo que representa el 59 por ciento del total de amonestaciones económicas que es de 16 millones 941 mil 167 pesos hasta ahora. La cantidad es, además, 3.3 veces lo que en 2025 tiene como multas el sector salud.
Se trata de empresas que presentaron documentación falsa sobre la calidad de sus productos en varias licitaciones. De hecho, una del conjunto –Strongtex S.A de C.V– tiene dos sanciones por falsificar documentación en dos licitaciones distintas. Sólo una de ellas –Licitex S.A de C.V– fue sancionada e inhabilitada por incumplimiento de dos contratos.
Avacor, proveedora de equipo táctico vinculada a Tabasco recibe la mayor sanción en 2025
La compañía con la sanción más fuerte en este sector es Avacor S.A de C.V que le vendió al Gobierno federal equipo táctico militar, boinas, fornituras y escudos para elementos de la Defensa y la Guardia Nacional. Los dueños de esta firma, registrada como microempresa en CompraNet (ahora Compras MX) –Carlos Prats García y Ana Viesca Sánchez– han sido vinculados en versiones periodísticas con el senador Adán Augusto López, secretario de Gobernación de 2021 a 2023.
La compañía obtuvo el pasado julio una multa por 1 millón 682 mil 835 pesos y quedó inhabilitada por 2 años y 6 meses por proporcionar información falsa en una licitación en 2024.
En un comunicado, la SABG informó el pasado 16 de julio que la sanción fue resultado de irregularidades detectadas en el procedimiento para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”.
Raquel Buenrostro Sánchez ha impuesto multas e inhabilitaciones sin parar desde que asumió como secretaria Anticorrupción.
La trayectoria de la compañía se aceleró entre 2021y 2022, periodo en el que López Hernández ocupaba la Secretaría de Gobernación.
De 2019 a 2020, la suma de sus contratos pasó de 5 millones 145 mil pesos a 172 millones 395 mil 311 pesos. En 2021, la suma fue de 220 millones 4 mil 409 pesos y en 2022, 631 millones 968 mil 390 pesos.
Pero para la protagonista de las sanciones de la nueva SABG, el auge en contratos bajó en 2023 cuando sus contratos con el Gobierno federal apenas sumaron 18 millones 928 mil 642 pesos. Al siguiente año, la suma fue de 57 millones 392 mil 556 pesos. Este año, cuando fue inhabilitada, tenía una contratación por 202 mil 550 pesos.
La segunda con la sanción más fuerte es Distribuidora y Comercializadora Kloer S.A de C.V. La multa es por 1 millón 177 mil 984 pesos y la marca negra para no volver a adquirir contrataciones es de 1 año 9 meses. Hasta ahora, le vendió ropa quirúrgica a los hospitales de México; además de uniformes a Fonatur Infraestructura S.A de C.V, la empresa del Estado a cargo de la construcción del Tren Maya.
Una sanción igual tiene Strongtex S.A de C.V, proveedora de uniformes. En 2024 tuvo un contrato por 226 mil 805 pesos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en proceso de desaparición).
Corrupción impune en México: 2 mil millones en multas sin cobrar y ningún responsable por la Guardería ABC
En México, en los últimos veinte años, tres fuerzas políticas diferentes han gobernado. La corrupción se ha mantenido como sombra. Las sanciones de la nueva SABG se suman a un archivo de multas que no fueron pagadas desde 2001. A cargo de Buenrostro Sánchez, la actividad sancionadora ha tenido un ritmo de tres multas por mes.
En ese cúmulo de pendientes está la que se le impuso a la Guardería ABC donde en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009 un incendio mató a 49 bebés y dejó a decenas de personas con lesiones graves. La multa fue por 1 millón 644 mil pesos el 28 de diciembre de ese mismo año.
El pasado 3 de agosto el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la guardería, fue detenida en Arizona, Estados Unidos, debido a una orden de aprehensión emitida en México. Han pasado 16 años del funesto evento. Enmarcado en los actos de corrupción en contra del erario, aún se desconoce quién va a pagar por la Guardería ABC.
Solo una empresa ha sido sancionada por la megacompra de medicamentos anulada por corrupción en México
En el universo de multas e inhabilitaciones por corrupción, el sector farmacéutico se mantiene bajo una mira permanente. Pero aún hay muchos capítulos por abrir y por lo menos este año, las penalizaciones no han sido tantas como en el de los vestuarios.
En abril pasado, el Gobierno federal anuló la megacompra de medicamentos para el abasto de este año porque la colusión de las empresas que ganaron las licitaciones estaba por dañar al erario con más de 13 mil millones de pesos. Se trata de una resolución sin precedentes para un pasaje de presunta corrupción en México. La trama fue revelada por el mismo Gobierno federal, lo que también marcó un parteaguas.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez han sostenido en las conferencias “mañaneras” que no darán ni un paso atrás en la determinación de suspender esta compra. Según sus datos, desde abril, 56 empresas son investigadas.
Se declara la nulidad total de la Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta número LA-12-NEF-012NEF001-1-1-2025, convocada por Laboratorios Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V para la compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los ejercicios fiscales 2025 y 2026”, se asentó en la resolución.
Pero hasta ahora, sólo Biomics Lab de México S.A de C.V, una empresa que vendía material quirúrgico, cubrebocas y otros desechables, ha sido inhabilitada por su participación en esa licitación. Sus contratos con Birmex para la megacompra representan apenas el 11.8 por ciento del daño calculado por la SABG por los sobreprecios en la licitación, de acuerdo con lo publicado en Compras MX.
En 3 mil contratos de la licitación pública LA-12-NEF-012NEF001-I-1-2025, Biomics Lab México S.A de C.V aparece con 23 que suman mil 537 millones 277 mil 763 pesos, según el documento revisado por Reporte Índigo.
Se trata de una empresa que se consolidó en los años de la pandemia de COVID-19 como proveedora del Gobierno federal. Sin en 2020 firmó 14 contratos por 20 millones 276 mil 592 pesos en 2023 esas cifras fueron de 13 por 404 millones 501 mil 628 pesos.
Pero es la única inhabilitada por la megacompra. De modo que el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados aún no incluye a otras compañías relacionadas con esta trama. Es el gran impasse.
Este año y por razones diferentes, en el sector han recibido amonestaciones Proveglia S.A de C.V y Distribuidora Potosina Biofar S.A de C.V. En tanto que a Impromed S.A de C.V se le notificó un proceso de 2024.
Así es la estructura Anticorrupción con más de 2 mil 300 multas y funciones del INAI
La nueva SABG –eje de la política de combate a este mal en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– inició sus funciones con un archivo de 2 mil 337 multas que no habían sido cobradas en 24 años.
Al cierre de esta edición, las sanciones en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados son 2 mil 351 por más de 2 mil 100 millones de pesos. Las multas impuestas en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumaron a las que dejaron cuatro administraciones anteriores.
Ese Directorio es una evidencia fiel de cómo la corrupción se instaló en México desde hace más de dos décadas. Las malas prácticas continúan ya sea en uno u otro sector. Y en ese archivo están expuestas.
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia está obligada a imponer multas a las empresas infractoras y el Servicio de Administración Tributaria a realizar su cobro.
Los recursos legales en añejos litigios les han permitido a cientos de empresas permanecer sin saldar las amonestaciones. Pero la lista crece año con año. Solo en 2024, cuando ocurrió el cambio de gobierno y la dependencia empezó a transformarse, se sumaron 30 sanciones a empresas físicas y morales.
Ahí está la multa para A y M Constructora S.A de C.V que data de 2006 por presentar información falsa respecto a encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, la impuesta a ZZO Construcciones de 2015 al no concluir los trabajos pactados o la que tiene desde 2010 XIV Corporativos de Seguridad Privada Empresarial por actuar con dolo al exhibir pólizas de seguro espurias.
Las multas acumuladas no es lo único que recibe la nueva dependencia. También ejerce ya las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con el voto de Morena y aliados, el Senado aprobó el pasado 27 de febrero las leyes secundarias por las que se transfirieron a la SABG las funciones del INAI. La nueva dependencia tiene, a partir de ahora, la responsabilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia que hasta ahora resguarda más de 15 mil millones de registros, lo que equivale a 40 veces el Archivo General de la Nación.
