El gobierno de Nicolás Maduro recibió una nueva presión por parte de Donald Trump con el objetivo de sacar al chavista del poder.
por Fernanda Munoz y Pablo Abundiz| Reporte Indigo |18 de Diciembre de 2025 12:21 hs. Estados Unidos no ablanda su presión contra el régimen en Venezuela, al contrario, lo refuerza para obligar a Nicolás Maduro a salir del país.
La última presión contra Maduro la anunció el presidente Donald Trump vía redes sociales la noche del pasado 16 de diciembre. Ordenó que ningún petrolero entre ni salga de Venezuela.
El republicano argumentó que el régimen venezolano roba petróleo, tierras y otros activos a Estados Unidos para financiarse.
«Por el robo de estos activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera», escribió Trump, quien agregó que la armada estadounidense alrededor de Venezuela seguirá creciendo.
Según explica la doctora Claudia Edith Serrano Solares, especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, la última medida de Trump está ligada a un listado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la que se enumeran personas físicas con actividad empresarial o personas morales vinculadas a la cuestión petrolera, con el fin de que se prohíba hacer negocios con ellas.
En ese listado, agrega la doctora, también hay un número determinado de corporaciones, entre ellas PDVSA, Petróleos de Venezuela, que si bien anunció que la medida de Trump no provocó cambios en sus operaciones, la especialista asegura que habrá una mayor vigilancia en caso de que algunas empresas no hayan estado cumpliendo de manera determinante con la prohibición de la comercialización del petróleo.
“¿Quién se va a ver más afectado? PDVSA (…) Es ir cerrando paulatinamente las posibilidades que Petróleos de Venezuela genera al diversificar o vender a otros mercados para intentar regular la pérdida económica de la comercialización que tenía hacia el mercado norteamericano o a sus aliados, como China, India o incluso Irán. Ahora, al salir un buque petrolero en aguas internacionales y que no se garantice que pueda llegar a estos destinos, va a limitar considerablemente el ingreso económico para Venezuela”, afirma la especialista.
Bajo esa línea, la doctora Serrano Solares dice que aunado al bloque económico y financiero que enfrenta Venezuela, una mayor presión al sector petrolero lo único que provoca es que se encarezcan determinados productos de accesibilidad para los venezolanos, principalmente en cuestión de alimentos.
Un día antes de la nueva presión estadounidense, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU afirmó que la situación en Venezuela seguía siendo crítica no sólo en materia de alimentos sino en medicamentos.
En el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, se detalla que más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional con acceso insuficiente a bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicinas, por lo que muchos se ven obligados a adoptar estrategias extremas de supervivencia, como huir del país. Aproximadamente ocho millones de venezolanos han emigrado desde 2014.
Al provocar un escenario de mayor catástrofe social en Venezuela, la también académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón agrega que Estados Unidos estaría contradiciendo los pilares con los que ha venido gestando su intención de un cambio de régimen en el país petrolero.
“Lejos de coadyuvar a una transición democrática o darle una mayor posibilidad al pueblo venezolano de escoger cabalmente cuál es el proyecto de nación que desea, está sometiéndolo a una presión y a una pauperización económica que no facilita el rumbo a seguir; daña a la población mucho más vulnerable en términos de pobreza y pobreza extrema que pudiera generarse”, dice.
¿Fin del régimen de Maduro?
Con las presiones de Estados Unidos contra Venezuela, si bien la intención del gobierno de Donald Trump es orillar a Nicolás Maduro a salir del país, esas posibilidades son escasas con excepción de un escenario: guerra.
“No existe una sola razón jurídica, política o coherente que lleve a Nicolás Maduro arenunciar a su cargo bajo ningún argumento, porque no hay ninguna razón (…) No hay ningún sustento legal o de ninguna naturaleza que nos hiciera pensar que él pudiera renunciar”, opina el doctor Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista de la UNAM.
La única opción que el académico vislumbra pueda existir para remover a Maduro del cargo es un conflicto bélico que Venezuela pierda, y siendo Estados Unidos el primero en disparar por la forma en la que desde Caracas ha respondido a las presiones.
Hasta la fecha, el mandato madurista sólo ha respondido a Washington con el envío de cartas a Naciones Unidas y a los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Maduro solicitó una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU ante un escenario de ataque armado que se pudiera dar por parte de Estados Unidos y, a la OPEP, reflejó que las verdaderas intenciones de la Unión Americana son quedarse con sus reservas de petróleo por medio de una “fuerza militar letal”.
Desde la perspectiva del investigador de la UNAM, el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna intención de combatir el narcotráfico, sino, como ha denunciado Maduro, tomar los recursos venezolanos.
“Si hay un ataque, lo que se vislumbra es un escenario que nadie quiere: que Estados Unidos termine teniendo a un nuevo Vietnam, pero ahora en América Latina (…) Pero aquí un ataque les costaría muy caro por el factor geopolítico”, comenta López Castellanos.
Ante un ataque a Venezuela, los principales socios comerciales de ese país podrían intervenir, entre ellos China, su segundo destino de exportación en 2023 con 739 millones de dólares, después del mismo Estados Unidos, con más de tres mil millones de dólares, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC). Turquía, la India, Líbano, España y Brasil, también podrían actuar al respecto por sersocios comerciales.
Con escenarios de un posible conflicto bélico entre Estados Unidos y Venezuela, el doctor remarca lo “triste” que es ver que los presidentes latinoamericanos “no dicen nada”, así como tampoco hay una reunión de urgencia por parte de la CELAC o la OEA.
“Cuba también podría involucrarse por los cubanos que hay en Venezuela (…) Colombia está allí y Brasil. México tendría que ponerse a pensar las cosas también; más allá de reiterar la autodeterminación de los pueblos, la presidenta debería ser más enérgica, encabezar una alianza por la paz en América Latina para ser congruente con el tema de la autodeterminación de los pueblos que tanto señala, debería llevarlo del ejemplo a la acción (…) Si no se actúa, en cualquier momento también puede tocarnos a nosotros”, comenta el académico.
Ante la posible orden de una guerra en Venezuela, Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, dijo que Trump no tiene la autoridad para usar la fuerza militar en el Caribe sin autorización del Congreso. De hacerlo, el Legislativo presentaría una resolución bipartidista para evitar el uso no autorizado de la fuerza.
Nicolás Maduro se acercó con la ONU y la OPEP ante las advertencias de Estados Unidos.
Conflito en Venezuela, con trabas legales
En tanto la Unión Americana reitera sus sanciones económicas al régimen venezolano, la legalidad de estas acciones es cuestionada dentro y fuera de Washington.
Si bien la Constitución de Estados Unidos faculta al presidente como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, también otorga al Congreso la capacidad para declarar la guerra y definir las reglas para capturar enemigos en tierra o mar, por lo que después del anuncio del mandatario facciones en la Cámara de Representantes se han movilizado para apoyar una Resolución de Poderes de Guerra.
La legislación, impulsada por miembros de ambos partidos, exige que el presidente consulte con el Legislativo el despliegue de tropas y el uso de fuerza militar. La Resolución obligaría a la Casa Blanca a detener hostilidades hasta que el Congreso autorizara o rechazara las acciones bélicas.
De acuerdo a Joaquín Castro, congresista texano del Partido Demócrata, el bloqueo marítimo es un acto de guerra que la ciudadanía estadounidense no desea y desde el pleno de la Cámara de Representantes advirtió que los actos del presidente Trump son ilegales, exhortando a sus colegas a limitar la escalada dirigida desde la Casa Blanca.
Mientras que una minoría de legisladores alega la ilegitimidad de las acciones presidenciales con base en la Constitución estadounidense, desde el exterior se cuestiona el derecho de una potencia a ejecutar un acto de guerra sin provocación alguna.
Si bien la legislación internacional prevé la figura de la legítima defensa en caso de un ataque armado, existen dudas sobre si los alegatos estadounidenses hechos sobre el tráfico de sustancias entran en esta categoría o contravienen el mismo sistema internacional que Washington impulsó después de la Segunda Guerra Mundial.
En opinión del internacionalista Alejandro Martínez Serrano, profesor titular de la Universidad La Salle y docente de la UNAM, a pesar de que Trump actúa fuera de la legislación internacional, al gobierno venezolano le quedan pocos recursos a los cuales acudir, pues el lugar estadounidense en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le otorga derecho de veto.
“El margen de maniobra de Nicolás Maduro es muy pequeño. Posiblemente pudiera discutirse el tema en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e incluso emitir una resolución sobre las acciones estadounidenses, pero ninguna resolución puede ser aplicada si alguna de las potencias permanentes se opone a ella (…) En este caso, Venezuela se pone frente a su némesis, un presidente estadounidense que considera las políticas de Maduro una afectación a los intereses estadounidenses y sin la posibilidad de apelar al Consejo de Seguridad”, señala el académico.
Martínez Serrano añade que si bien la Asamblea General se puede pronunciar en contra de las acciones perjudiciales, este órgano no tiene la capacidad de ejecutar medidas coercitivas para detener las agresiones de un país hacia otro; sin embargo, el especialista aclara que esto no es un error sino un elemento integrado en el diseño del sistema internacional.
“El orden internacional de 1945 se crea bajo el principio del equilibrio de poder sustentado en las cinco potencias permanentes, y si se afectan sus intereses estos países van a responder, el objetivo es evitar una guerra de carácter mundial (…) Sí hay una iniciativa de cuatro naciones que han tenido presencia en el ámbito económico e influencia regional que busca su incorporación al Consejo de Seguridad para que el equilibrio del 45 refleje la realidad del siglo XXI, pero los cinco permanentes no están dispuestos a compartir este privilegio”, finaliza el especialista.
