La defensa del PAN y de la oposición a favor de la gobernadora María Eugenia Campos, para justificar la participación ilegal de la CIA en operativos en la sierra, se ha concentrado en asegurar que hay excelentes resultados en seguridad.
Sugeyry Romina Gándara | Ciudad de México, 1 de mayo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).— La ofensiva que el Partido Acción Nacional (PAN) y algunos actores de la oposición emprendieron para defender a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y justificar la ilegal participación de agentes de la CIA en operativos en la sierra se ha sostenido bajo el argumento de que la mandataria sí ha dado resultados en materia de seguridad. Sin embargo, aunque las cifras muestran que hay indicadores con descensos, hay uno en particular que no sólo no ha ido a la baja, sino que se ha disparado: el secuestro.
El secuestro es uno de los delitos de mayor impacto por sus implicaciones sociales y de violencia extrema, y en Chihuahua es el que más ha incrementado en el estado desde la llegada de Campos Galván al Gobierno. En 2021, año en el que la mandataria fue electa y asumió el cargo en octubre, Chihuahua cerró con 55 víctimas de secuestro. Para 2025, la cifra anual ascendió a 185 víctimas, lo que representa un incremento de 236.36 por ciento en la comparación anual.
La tendencia al alza en este delito comenzó desde el primer año completo de la administración marucampista. En 2022 se registraron 67 víctimas, un aumento de 21.81 por ciento respecto al año previo. Sin embargo, fue en 2023 cuando el delito se disparó de forma significativa, al alcanzar 181 víctimas. Para el año siguiente, 2024, el número llegó a su punto más alto en el sexenio, con 206 víctimas de secuestro. Y si bien en 2025 se observa una ligera disminución, con 185 víctimas de plagio, el nivel se mantiene muy por encima del registrado al inicio del actual Gobierno.
La tendencia al alza también se refleja en el arranque de 2026. Entre enero y marzo se contabilizan 44 víctimas de secuestro, lo que representa un aumento de 340 por ciento respecto a las 10 víctimas registradas en el mismo periodo de 2021, último año de la administración de Javier Corral Jurado.
El secuestro ha sido uno de los delitos que más heridas ha generado en México y comenzó a dispararse desde que se inició la Guerra contra el Crimen Organizado de Felipe Calderón, cuando el narcotráfico empezó a expandir y diversificar sus actividades. Es uno de los mecanismos más violentos y funcionales para el crimen organizado, no sólo por el ingreso inmediato que genera, sino por el control territorial que permite.
A través del secuestro, los grupos criminales financian otras operaciones, imponen miedo en comunidades enteras y someten a poblaciones, comerciantes y hasta autoridades. Su expansión suele ir de la mano de disputas entre cárteles y de la diversificación de sus actividades, especialmente cuando otras fuentes de ingreso, como el narcotráfico, se ven presionadas. Por eso, su incremento no sólo refleja más víctimas, sino también una señal de fortalecimiento y mayor margen de operación de estas estructuras criminales.
En México, el secuestro se cataloga en diversos tipos: extorsivo, en calidad de rehén, para hacer daño y otros. En el estado de Chihuahua, y por modalidades, el secuestro extorsivo concentra la mayor cantidad de víctimas y es el que explica, en buena medida, el repunte del delito. En 2021 se registraron 35 víctimas bajo esta modalidad; en 2022, 34; pero en 2023 la cifra se elevó de forma abrupta a 163 víctimas. En 2024 alcanzó su nivel más alto, con 187 víctimas, y en 2025 se ubicó en 170.
En cuanto al secuestro en calidad de rehén, en 2021 se reportaron 11 víctimas. Para 2022, la cifra subió a 18, su punto más alto en el periodo analizado. En 2023 descendió a 3 víctimas, se mantuvo en 3 en 2024 y cerró 2025 con 7 víctimas.
El secuestro para causar daño también mostró variaciones. En 2021 se registró una víctima; en 2022 la cifra aumentó a 11; en 2023 descendió a cautro; en 2024 no se reportaron casos y en 2025 se registró una víctima. Mientras que el secuestro expréss ha tenido variaciones menores: ocho víctimas en 2021; 11 en 2022; 6 en 2024 y 7 en 2025.
La participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un operativo antinarcóticos en la sierra de Chihuahua desató señalamientos y exigencias desde Palacio Nacional, ya que dicha operación habría violentado la Ley de Seguridad Nacional; un hecho que incluso orilló al entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a renunciar a su cargo, reconociendo las omisiones.
Sin embargo, la respuesta de la oposición a nivel nacional, en lugar de reconocer la gravedad del operativo, fue defender a la mandataria estatal, al sostener que sí combatía al crimen organizado y aludir, incluso, que los reclamos del Gobierno federal tenían un trasfondo político.
Por ejemplo, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, declaró: “En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, señaló el presidente del PAN en un comunicado que se difundió a través del sitio web oficial del blaquiazul.
En dicho comunicado, en el que no se mencionó a la CIA, Herrera indicó que Acción Nacional respalda total y absolutamente a la Gobernadora chihuahuense y criticó los «ataques políticos» que se han originado luego de darse a conocer que elementos de la CIA han operado en la entidad sin dar aviso al Gobierno federal.
De acuerdo con lo señalado por el dirigente panista, la discusión no debería centrarse en quiénes participan en los operativos, sino en los resultados de estos. Asimismo, criticó al Gobierno federal por no reconocer tal logro y, en su lugar, «politizar el tema» y generar un «conflicto entre niveles de Gobierno”.
Los homicidios dolosos y feminicidios
Uno de los delitos con los que más se mide la violencia son los homicidios dolosos, ya que, al ser crímenes que se persiguen de oficio —es decir, que no requieren denuncia—, presentan una menor cifra negra. Al respecto, en el estado de Chihuahua, el comportamiento, si bien muestra una tendencia a la baja, no es de la magnitud que destaca el panismo.
Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 359 víctimas de homicidio doloso, frente a 587 en el mismo periodo de 2021, lo que representa una disminución de 38.84 por ciento.
En la comparación anual, 2025 cerró con mil 795 víctimas de homicidio doloso, por debajo de las 2 mil 445 registradas en 2021, lo que implica una reducción de 23.67 por ciento.
No obstante, al revisar la tendencia de los últimos años, se observa que los niveles actuales siguen siendo elevados en perspectiva histórica.
En 2015, último año completo de la administración de César Duarte Jáquez, se registraron mil 151 víctimas de homicidio doloso. En 2016, con el cambio de Gobierno, la cifra aumentó a mil 470. Para 2017, primer año completo de Javier Corral, el número se elevó a 2 mil víctimas.
La tendencia al alza continuó en la administración del panista Corral Jurado: 2 mil 205 víctimas en 2018; 2 mil 580 en 2019; y un pico de 2 mil 689 en 2020, el nivel más alto del periodo.
Fue hasta el 2021, año de transición, que la cifra descendió a 2 mil 445. Para el siguiente año, el primero completo de Campos Galván, los homicidios dolosos registraron una disminución a mil 987 víctimas en 2022, pero en el 2023, repuntaron ligeramente a 2 mil 89 víctimas. En 2024 se ubicaron en 2 mil 41 y en 2025 bajaron a mil 795.
En materia de feminicidio, las cifras muestran estabilidad, con variaciones menores a lo largo del sexenio. En el primer trimestre de 2026 se registraron 8 víctimas, dos menos que las 10 reportadas en el mismo periodo de 2021. En la comparación anual, 2025 cerró con 47 víctimas de feminicidio, una más que las 46 registradas en 2021. En 2024 se contabilizaron 48 víctimas; en 2023 se alcanzó el punto más alto con 51; y en 2022 se registraron 44.
