Las acusaciones contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y otros morenistas reavivaron los señalamientos sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana, un problema histórico que ha alcanzado a todos los partidos.
Sugeyry Romina Gándara |Ciudad de México, 13 de mayo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- Gobernadores señalados, alcaldes detenidos por presuntos vínculos con cárteles, exfiscales y secretarios de seguridad sentenciados por narcotráfico, así como partidos políticos infiltrados por operadores criminales, son apenas una muestra de una problemática que México arrastra desde hace décadas: la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno y en la vida política del país, un fenómeno que ha alcanzado a todas las fuerzas políticas.
Las recientes acusaciones en Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como los señalamientos contra al menos otros nueve funcionarios —entre ellos el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez— colocaron nuevamente en el centro del debate la infiltración del narcotráfico en la política mexicana. Analistas consultados coincidieron en que el problema se ha profundizado durante el último cuarto de siglo.
“Obviamente hoy el foco está en Rocha Moya y, digamos, no es algo nuevo. Desde 2021 existen acusaciones sobre la participación del crimen organizado en su campaña, no sólo mediante la provisión de recursos, sino también con secuestros de operadores y amenazas para inhibir la movilización electoral en los días previos a la elección. Pero tampoco es un caso aislado”, señaló en entrevista con SinEmbargo Víctor Sánchez, doctor por el CIDE, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Casos como el de la exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, Guadalupe Lucero Sánchez —conocida por haber sido pareja sentimental de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, así como el de Luisa María “Cocoa” Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, quien fue vinculada públicamente por Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, forman parte de una larga lista de episodios que han evidenciado, durante los últimos años, los nexos entre actores políticos y grupos criminales a través de acusaciones públicas, expedientes judiciales e investigaciones oficiales.
Las ligas de Teuchitlán a Iguala
A estos nombres se suman casos recientes de autoridades municipales detenidas o investigadas por lo mismo. Uno de ellos es el de José Ascensión Murguía Santiago, Alcalde emecista de Teuchitlán, Jalisco, para el periodo 2024-2027, detenido el 3 de mayo de 2025 por la Fiscalía General de la República debido a su presunta relación con actividades delictivas en el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de operaciones y reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Otro ejemplo es el del Alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido como parte de la llamada Operación Enjambre, emprendida desde noviembre de 2024 y mediante la cual las autoridades exhibieron presuntas redes criminales integradas por alcaldes, regidores y mandos policiales en el Estado de México. La operación derivó en la captura de al menos 67 funcionarios, entre ellos cuatro alcaldes, incluida María Elena “N”, Alcaldesa de Amanalco.
Otro episodio emblemático es el de la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien durante su gestión como Alcaldesa de Chilpancingo, entre 2021 y 2024, fue captada en un video reunida con Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes de Los Ardillos, organización criminal señalada por la violencia en Guerrero. El encuentro habría ocurrido en 2022, aunque la grabación se difundió hasta 2023. A raíz de ello, Morena la expulsó del partido en septiembre de 2024.
También resalta Bernardo Ortega Jiménez, exalcalde de Quechultenango entre 2002 y 2005 y Diputado local del PRD en distintos periodos: de 2005 a 2008 por el segundo distrito con cabecera en Tixtla de Guerrero; de 2012 a 2015 por el distrito XXIV; y de 2018 a 2021, etapa en la que además presidió la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, coordinó la bancada perredista y encabezó al partido en el Congreso local.
El nombre del exlegislador ha sido señalado de manera reiterada en medios debido a que es hermano de Celso Ortega, identificado como líder de Los Ardillos.
La relación de ambos políticos con ese grupo criminal precisamente volvió a tomar fuerza en redes sociales, debido a que Los Ardillos son señalados como uno de los dos grupos que actualmente mantienen a comunidades de Chilapa bajo una situación de terror, con tres localidades bloqueadas y habitantes prácticamente retenidos.
Este martes, autoridades federales explicaron en la conferencia matutina que la violencia en ese municipio guerrerense deriva de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que hay al menos 96 personas desplazadas y señaló que alrededor de 20 permanecen en la localidad bajo amenazas de ataques contra la población si ingresan fuerzas federales.
«Hay actores y ciertas personas que en el momento que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresara la autoridad federal, se pondría en riesgo la vida de otras personas», señaló Omar García Harfuch, quien agregó que se mantiene diálogo para permitir la salida de los pobladores.
Norma Otilia Hernández Martínez durante el encuentro con Celso Ortega Jiménez. Foto: Captura de pantalla.
Otro caso es el de José Luis Abarca, exalcalde perredista de Iguala, detenido y sentenciado en 2023 por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque posteriormente fue absuelto de algunos cargos y permanece en prisión por otros procesos.
Los casos de Reyna, Veytia, Bermúdez…
En la misma línea aparece Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán, quien pasó cerca de cuatro años en prisión acusado de delincuencia organizada, luego de aparecer en un video conversando con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.
Las áreas de seguridad pública concentran algunos de los casos paradigmáticos más conocidos. Uno de ellos es el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Su gestión estuvo marcada por denuncias de abusos, desapariciones y una estrecha colaboración con grupos criminales, al grado de que fue apodado “El Diablo”.
Veytia fue detenido en 2017 en el puente fronterizo entre Tijuana y San Diego cuando intentaba ingresar a Estados Unidos. Dos años después, en septiembre de 2019, fue sentenciado a 20 años de prisión y cinco adicionales bajo supervisión por colaborar con narcotraficantes. Sin embargo, en diciembre de 2024, una corte federal de Nueva York redujo su condena a 10 años de prisión.
Un caso reciente es el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco —quien llegó al puesto nombrado por el ahora Senador Adán Augusto López—, señalado como uno de los líderes del grupo criminal “La Barredora”. El exfuncionario, quien acompañó a seis gobernadores y es señalado de fundar dicha organización criminal, enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado y desaparición forzada, delitos que podrían derivar en penas superiores a los 100 años de prisión.
El caso más visible, sin embargo, continúa siendo el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.
«Una filtración añeja»
Víctor Sánchez explicó que las conexiones entre estructuras criminales y gobiernos se han extendido a distintos partidos y regiones del país.
“La infiltración del crimen organizado en la política y en las estructuras gubernamentales, tanto estatales como municipales, es bastante añeja. Podemos encontrar los primeros casos aproximadamente en los años 50, pero este fenómeno se aceleró en las últimas décadas. Si nos concentramos de los años 2000 a la fecha, encontramos que todos y cada uno de los partidos tienen casos paradigmáticos”, explicó.
“Prácticamente están en todo el país. Hay entidades con casos particularmente graves, como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, pero no puede decirse que exista un partido o una región libre de este problema”, añadió.
La infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas también alcanzó casos relacionados con ataques contra periodistas. Uno de los más emblemáticos es el de Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde panista de Chínipas, Chihuahua, sentenciado en junio de 2021 por su participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo de 2017.
El crimen fue ordenado por el grupo criminal Los Salazar, vinculado al Cártel de Sinaloa, luego de las investigaciones periodísticas que Breach realizó sobre los nexos entre políticos y organizaciones criminales en la Sierra Tarahumara. Sus reportajes provocaron la caída de aspirantes a alcaldías en la región. Como represalia, Crispín Salazar, conocido como “El señor de Chínipas”, ordenó asesinarla. En esa trama, el exalcalde proporcionó grabaciones e información de la periodista al grupo criminal.
El asesinato de Miroslava Breach se convirtió en una de las expresiones más graves de la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas y de los riesgos que enfrentan periodistas que documentan los vínculos entre autoridades y grupos criminales.
El especialista Edgar Guerra Blanco explicó que la expansión del crimen organizado en las esferas políticas comenzó con la captura de estructuras municipales, particularmente en las áreas de seguridad pública.
“Creo que en México, sobre todo a partir de los años 2000, podemos ver cómo la delincuencia organizada comienza a penetrar las esferas políticas a través de las municipalidades y lo hace mediante distintos mecanismos. El primero fue el soborno, especialmente en las áreas de seguridad y las policías municipales, donde los grupos criminales no sólo obtenían protección, sino capacidad operativa”, indicó.
El analista señaló que el crecimiento y la diversificación de las organizaciones criminales ampliaron posteriormente su influencia hacia otras áreas de gobierno.
“Con el crecimiento de la delincuencia organizada y la diversificación de sus actividades, ya no bastó con controlar policías o direcciones de seguridad pública. Comenzaron también a penetrar otras estructuras municipales, como las áreas de obra pública”, explicó.
“Entonces vemos cómo la convivencia entre crimen y política se vuelve cada vez más fuerte y difícil de romper. Esto incluso puede escalar al nivel estatal”, añadió.
Una vinculación “muy longeva”
En el mismo sentido, Daniel Vázquez Valencia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en Sociología, sostuvo que las redes de macrocriminalidad en México son “muy longevas” y que la relación entre política y crimen puede rastrearse incluso desde el siglo XIX, vinculada a los cacicazgos regionales y a la construcción misma del Estado mexicano.
De acuerdo con el especialista, la transición democrática y la fragmentación del poder presidencial modificaron la forma en que estas redes operaban dentro del aparato estatal.
“En el caso de México, hacia finales del siglo XX y principios del XXI ocurrieron dos fenómenos: primero, la fragmentación de la relación entre poder político y crimen, que dejó de concentrarse en la figura presidencial y pasó a manos de los gobernadores; y segundo, que cargos como las gubernaturas, las fiscalías generales, las secretarías de seguridad y las direcciones de reclusorios se volvieron piezas fundamentales para administrar estas redes”, expuso.
Los especialistas coincidieron en que la mayor cantidad de casos emblemáticos se concentra en el ámbito municipal debido a la debilidad institucional de los gobiernos locales y al control territorial que pueden ejercer las organizaciones criminales.
Edgar Guerra Blanco explicó que el crimen organizado encontró en los municipios un terreno particularmente vulnerable para consolidar su influencia política y económica.
“Considero que existe mayor penetración a nivel municipal porque es donde la estructura institucional es más débil y donde el poder económico y la capacidad de violencia armada de los grupos criminales supera con facilidad la capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo.
El especialista añadió que la infiltración criminal primero alcanzó las estructuras gubernamentales y posteriormente se trasladó hacia los partidos políticos.
“Antes de penetrar las estructuras partidistas, el crimen organizado comenzó infiltrando las estructuras de gobierno, sobre todo a nivel municipal”, afirmó.
La lógica, explicó, responde a la rentabilidad política y económica que las organizaciones criminales encontraron al colocar perfiles cercanos dentro de las administraciones públicas y, posteriormente, dentro de los propios partidos.
“Primero penetran los gobiernos y después las estructuras partidistas. ¿Por qué? Porque descubren que es redituable tener integrantes del grupo criminal dentro de los gobiernos o incluso candidatos vinculados directamente con esas estructuras. Entonces comienzan también a infiltrar los partidos mediante mecanismos de corrupción para impulsar candidaturas cercanas a sus intereses”, concluyó.
