– México enfrenta rezago forense: faltan peritos y hay miles de cuerpos sin identificar. – Miles de restos humanos permanecen sin identificar en anfiteatros y fosas comunes, debido a la saturación de los servicios forenses, la falta de especialistas y las fallas institucionales, esto ha provocado que miles de personas desaparecidas permanezcan sin ser identificadas
por Ibeth Cardona/Reportera |Imagen Arte: Minoz | Reporte Indigo |18 de Mayo de 2026 00:02 hs. En 2022, los padres de Braulio Bacilio Cabello recibieron el cuerpo de su hijo, casi seis años después de su desaparición. El adolescente, de 13 años, permaneció en una fosa común luego de haber fallecido cerca de la estación Pantitlán del Metro, en la Ciudad de México.
Braulio fue reportado como desaparecido desde el 28 de septiembre de 2016. Sin embargo, un error de las autoridades al calcular su edad provocó que su cuerpo fuera enviado a una fosa común destinada a adultos, lo que impidió que sus familiares pudieran identificarlo y prolongó su búsqueda durante casi seis años.
El caso de Braulio no es aislado. Historias similares se repiten en México con personas como Brayan Valencia o Margarita Cuevas, quien fue localizada en una morgue dos años después de su fallecimiento.
En este contexto, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos, existe la posibilidad de que algunas de esas personas ya hayan sido localizadas por las autoridades, pero permanezcan registradas como no identificadas dentro del propio sistema institucional.
En México se estima que alrededor de 70 mil cuerpos no identificados permanecen en anfiteatros y fosas comunes, como consecuencia de una crisis forense que ha rebasado la capacidad de identificación de las autoridades.
La situación responde, en parte, a la fragmentación de información entre fiscalías federales y estatales, así como a la insuficiencia de personal especializado. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones, para 2023 el país contaba únicamente con 32 peritos en antropología forense.
Este panorama refleja apenas una parte de lo que especialistas y colectivos han denominado “la desaparición administrativa”, un fenómeno que evidencia la profunda crisis forense que enfrentan los servicios periciales y las fiscalías en México.
“Un país que en 2006 tenía una tasa de homicidios de ocho por 100 mil personas desaparecidas que en seis años se triplicó esa tasa, pues ninguna de esas instituciones estaban preparadas para poder atender esa dimensión de violencia para poder procesar todos los cuerpos que llegaban a las instituciones.
«Pero el problema es que eso fue hace 20 años y al día de hoy seguimos con las mismas capacidades”, señala María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Diversos factores limitan la capacidad de los propios servicios forenses para responder de manera más eficaz a la crisis, agrega Aguilar, mientras persiste la falta de reconocimiento, por parte de las fiscalías, sobre las deficiencias y opacidad en su operación.
Santiago Aguirre, especialista en Derechos Humanos, señala que pese a que el sistema forense se encuentra rebasado no se ha trabajado para mejorar las condiciones de los servicios médicos y así priorizar la identificación de los restos.
Esto se agrava en los casos de larga data, ya que en su momento fueron cuerpos que no se procesan adecuadamente para facilitar su trazabilidad e identificación y pese a que la actual administración ha puesto énfasis en una estrategia que implica huellas dactilares, esta no atenderá los casos de larga data.
“No se levantaron bien las huellas dactilares o, por ejemplo, existe registro en papel pero nadie sabe en en qué lugar específico quedaron los respectivos restos. Entonces, es un problema muy grave que no ha sido suficientemente atendido”, señala Santiago Aguirre.
El personal forenses es insuficiente
La problemática responde a diversos factores, entre ellos la fragmentación de la información y la insuficiencia de personal especializado. En México, el número de peritos en genética y antropólogos forenses es limitado frente a la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de identificación de cuerpos.
A ello se suma que, en algunos casos, los ministerios públicos buscan encubrir las deficiencias cometidas por las fiscalías durante la toma de muestras biológicas, lo que dificulta aún más los procesos de identificación y acceso a la verdad.
“Ninguna fiscalía quiere empezar a abrir fosas comunes para extraer muestras de los cuerpos que faciliten su identificación.
Tiene que ver con que a veces se ha lucrado con el tema de la búsqueda en vida o con otras opciones que no son suficientes para enfrentar el rezago por ende, como el tema de las huellas dactilares que sirve para los cuerpos recientes, pero no para los de larga data (…) a esto se suma la falta de recursos y voluntad”, añade el Aguirre.
Para 2023 solo se contaba con 32 peritos en antropología forense lo que presenta un rezago importante en especialistas para la identificación de restos. Desde la perspectiva del académico esto se debe a que las instituciones de educación pública no han tenido una oferta académica que permita contar con estas capacidades, es decir, no se cuenta con la preparación necesaria.
Además de que por parte de las fiscalías no existe una cultura laboral que incentive al desarrollo de peritos con capacidades sólidas y con independencia, por otro lado este tipo de plazas escasean. Por lo que la apuesta es que México acepte la cooperación internacional en esta materia.
“México necesita cooperación técnica en este tema. Necesita voltear a ver las experiencias de otros países que lo han hecho bien, que han formado especialistas con capacidades sólidas y que han enfrentado mediante instituciones especiales y extraordinarias a niveles de rezago forense como el que hoy tenemos”, puntualizó.
El Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila es un caso de éxito
Uno de los principales obstáculos para la identificación de personas en México es la fragmentación de la información y la falta de operatividad de los registros nacionales encargados de este proceso.
Especialistas advierten que herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses y otros sistemas relacionados no operan de manera plenamente interconectada, lo que limita su funcionamiento. Esta situación dificulta la búsqueda e identificación de cuerpos a nivel nacional y contribuye al rezago en las investigaciones.
Aunque actualmente se impulsa la interconexión entre los distintos registros vinculados con cuerpos no identificados, persisten fallas en la implementación. De hecho, fue hasta 2023 cuando, a través de amparos promovidos por familiares de personas desaparecidas y acompañados por el Centro Prodh, se obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
Sin embargo, especialistas señalan que el sistema opera de manera deficiente. Aunque integra al menos nueve registros, el principal problema es que éstos no están “debidamente compuestos”; es decir, contienen información insuficiente o incompleta.
“Todos los cuerpos sin identificar o no reclamados que estén bajo el resguardo de las instituciones, se estima que son alrededor de 70 mil cuerpos. Bueno, ese registro que tendría que tener todo el tipo de resguardo, y solamente cuenta con 546 registros”, detalla María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh.
Tarea central: identificación
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se destaca como un caso de éxito al Centro Regional de Identificación Humana, creado en 2020 y orientado exclusivamente a la identificación de cuerpos. Este organismo realizaba campañas para la toma de muestras de ADN y trabajaba con un enfoque masivo, sin depender directamente de las fiscalías.
“Se reconocen los avances que se han hecho con el centro regional de Coahuila, donde, en un proceso largo de consolidación, de capacitación, de mucha inversión y de cooperación internacional se pudieron dar pasos para trabajar en conjunto un mecanismo ad hoc para la situación de la región con la fiscalía que puede empezar a generar identificaciones y que requiere de muchos recursos continuos, pero que está dando resultados”, señala la directora del Centro Prodh.
Tras la edificación el Centro Regional de Identificación Humana se trató de replicar en el Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, que incluso incluyó la reforma a la Ley General en materia de desaparición para establecer su estructura, sin embargo, no se obtuvieron los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.
“La Fiscalía General de la República una y otra vez desde la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos boicoteó y obstaculizó el funcionamiento de este centro y el resultado es un elefante blanco que hoy no tiene ningún uso”, señaló, por su parte, Santiago Aguirre.
Ambos especialistas enfatizan que México necesita una institución extraordinaria que se dedique a la identificación de cuerpos y restos y que se vaya a recuperar la idea de contar con un centro nacional de identificación humana.
CIDH reconoce apertura y reformas
En su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció los avances institucionales, normativos y de coordinación impulsados por el Gobierno de México para atender la problemática de las desapariciones, considerada una grave violación a los derechos humanos.
Entre los principales progresos señalados destacan la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y el fortalecimiento de herramientas especializadas para la localización de personas.
La CIDH resaltó además que México cuenta con “un claro marco normativo” para atender las desapariciones, al incorporar enfoques de interseccionalidad, interculturalidad y perspectiva de género. El organismo también destacó la implementación de mecanismos y protocolos específicos, como el Protocolo Alba, el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, la Alerta Amber, el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, el Grupo de Trabajo Interinstitucional y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, entre otros.
En materia de atención a víctimas, la Comisión consideró positiva la creación de una dirección especializada dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, enfocada en atender a colectivos y familiares de personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada, así como la implementación de mecanismos de reparación y rehabilitación.
En un ánimo de colaboración, la CIDH señaló que espera que el informe contribuya a fortalecer los esfuerzos del Estado mexicano para enfrentar esta crisis, y que además sirva de apoyo para familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de sus seres queridos, así como en sus exigencias de verdad, justicia y reparación.
Los especialistas en derechos humanos enfatizaron que este informe coincide con las advertencias expuestas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al reconocer que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos y una crisis humanitaria derivada de la ocurrencia generalizada de desapariciones en el país, por lo que urgen fortalecer acciones en la materia de desaparición.
“México necesita medidas políticas e instituciones extraordinarias y si solo se sigue con la inercia, pues nunca vamos a alcanzar a revertir el rezago forense”, concluyó Santiago Aguirre.
