– Atenco a 20 años: Víctimas acusan incumplimiento de sentencia por tortura sexual; reactivan denuncia internacional. – Sobrevivientes de la represión en San Salvador Atenco denuncian el incumplimiento de la sentencia de 2018 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los responsables no han sido sancionados.
por Christian García Muñoz| vImagen Arte: Alan Maya | Reporte Indigo |07 de Mayo de 2026 00:06 hs. A 20 años de la represión en San Salvador Atenco, las sobrevivientes no conmemoran una fecha: denuncian una deuda de justicia. En vísperas del aniversario, mujeres víctimas de tortura sexual llevaron de nuevo su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acusar que el Estado mexicano incumple la sentencia emitida en 2018 y que, dos décadas después, ningún mando ni policía ha sido condenado por los abusos.
La denuncia reabre una herida que no ha cerrado: Atenco no sólo es memoria de violencia de Estado, sino símbolo de una impunidad que persiste.
El caso permanece como una de las mayores heridas abiertas en la historia reciente de México. Lo que comenzó como un operativo policiaco para desalojar a floricultores en Texcoco derivó, los días 3 y 4 de mayo de 2006, en una acción represiva que dejó dos jóvenes muertos, 207 personas detenidas y 26 mujeres víctimas de tortura sexual, en un episodio que organismos nacionales e internacionales han señalado como paradigma de violencia de Estado.
Los hechos tuvieron como trasfondo la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes había frenado el decreto expropiatorio para construir un aeropuerto en la zona de Texcoco. Aquella victoria campesina marcó también el inicio de una confrontación política que tuvo su episodio más brutal en el operativo encabezado por más de 2 mil 500 policías federales y estatales.
La irrupción policiaca dejó imágenes que marcaron una generación: cateos ilegales, golpizas, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y tortura durante los traslados a penales.
Ninguna autoridad ha sido castigada
De acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la audiencia virtual fue convocada por la CIDH para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación.
Las mujeres denunciaron ante jueces la falta de avances en la investigación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Señalaron que, ante la fragmentación de los casos entre instancias locales y federales, han tenido que emprender acciones legales sin que exista un plan integral que investigue la cadena de mando, lo que mantiene la impunidad.
También acusaron omisiones en su derecho a participar e informarse, así como deficiencias en las solicitudes de órdenes de aprehensión, que no contemplan la responsabilidad de mandos superiores conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe que brinda el Centro Prodh recoge fragmentos de las intervenciones de algunas de las sobrevivientes, como Edith Rosales, quien asegura que el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de hacer justicia:
“Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado (…) Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”.
Mujeres resistencia frente a la injusticia
La ruta judicial del caso ha sido larga. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de líderes y pobladores condenados, al considerar que hubo criminalización de la protesta social. Pero esa resolución no alcanzó a los responsables políticos y mandos involucrados en la represión.
Aunque en 2018 la CIDH condenó al Estado mexicano por detenciones arbitrarias, tortura sexual y violaciones a derechos humanos, las sobrevivientes sostienen que la reparación ha sido parcial y la justicia, incompleta.
La memoria de Atenco también se reactiva en un momento en que el caso vuelve al centro del debate público. En mayo de 2025, durante la inauguración del Hospital General Francisco Altamirano Núñez del IMSS-Bienestar en el municipio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado tenía una deuda histórica con el pueblo de Atenco y reivindicó la resistencia de sus habitantes.
El gesto fue leído por integrantes del FPDT como un reconocimiento político, aunque insuficiente frente a las demandas pendientes de verdad, justicia y garantías de no repetición.
El caso también permanece como referencia obligada cuando se habla de criminalización de la protesta en México. Para académicos, activistas y organismos de derechos humanos, Atenco condensó prácticas que después reaparecerían en otros episodios de violencia estatal: uso desproporcionado de la fuerza, fabricación de delitos, violencia sexual y campañas para estigmatizar movimientos sociales.
El plan de justicia de Sheinbaum
El plan de reparación para las víctimas de Atenco fue presentado como un acto de justicia y memoria histórica. La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con administraciones anteriores, a las que acusó de ejercer el poder en favor de élites y de reprimir a la población.
Como parte del plan presentado, la presidenta anunció la restitución de 54 hectáreas al ejido de Atenco para uso agrícola, así como el reconocimiento a las víctimas de la represión.
La mandataria también relató que, previo al evento, dialogó con manifestantes que bloqueaban una carretera para exigir acceso al agua y la devolución de tierras, lo que, dijo, refleja un cambio en la forma de gobernar frente a administraciones anteriores.
